El cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre los contratos temporales. Carlos Ramírez Sanchez-Maroto, doctor en Derecho y Sociedad - El Sol Digital
El cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre los contratos temporales. Carlos Ramírez Sanchez-Maroto, doctor en Derecho y Sociedad

El cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre los contratos temporales. Carlos Ramírez Sanchez-Maroto, doctor en Derecho y Sociedad

Se ha publicado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo que cambia su jurisprudencia impidiendo limitar los contratos de trabajo a la duración de las contratas.

Desde la reforma laboral contenida en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre que modificó la redacción del artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores (ET) los contratos de trabajo por obra y servicio determinados no pueden tener una duración superior a 3 años, ampliable 12 más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o por convenio colectivo sectorial.

El caso que ha hecho cambiar su jurisprudencia a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es el de un contrato de 15 años de antigüedad, suscrito en el año 2000 y renovado varias veces por dos contratas diferentes. El Pleno de la Sala considera –por unanimidad– que «no solo debe rechazarse que estemos ante una relación laboral de carácter temporal» sino que «debemos plantearnos la propia licitud de acudir a este tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos en cada caso».

Y añade: «Resulta difícil seguir manteniendo que este tipo de actividades justifique el recurso a la contratación temporal y que una empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales>>. Por ello, afirma que hay que volver a la definición del contrato para obra o servicio del artículo 15.1 a) del ET vigente.

Argumenta el alto tribunal que «La mayor o menor duración del encargo del cliente no puede seguir vinculándose a la nota de temporalidad de este tipo de contrato de trabajo. La duración determinada del mismo está justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida en que ésta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa».

Es evidente que desde hace varios años la subcontratación se ha generalizado en muchos sectores de la actividad económica, este es un hecho evidente.

La Sala Social respecto a un trabajador que llevaba más de quince años, y se le extinguió el contrato temporal para obra y servicio que tenía en el 2016, admite que “no se puede justificar una duración de un contrato de obra y servicio con una duración de quince años. La contratación debería ser por algo razonable y limitado en el tiempo pero eso no sucede en este caso”.

En la sentencia se indica que una empresa no puede apoyar la esencia de una actividad “en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales”. Es decir, no puede esta empresa empleadora del trabajador tenerle con un contrato de este tipo que se prorroga en el tiempo.

En el texto de la sentencia se hace alusión a los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la media de personas asalariadas en los cuatro trimestres de 2019 fue de 16.679.500, de las cuales 4.376.900 lo eran como temporales y, entre ellos, 1.653.900 estaban contratadas a través del contrato para obra o servicio determinado.

Es más, durante el mes de noviembre de 2020, alrededor del 46 por ciento de dichos contratos para obra o servicio determinado se daba en el sector servicios.

Desde la Sala Social se indica que la existencia de esos contratos de obra y servicio lo permite la ley “siempre y cuando se establezcan los requisitos ya comentados que señala la normativa actual”.

La empleadora no puede, para atender a la contrata que ha hecho con su empresa principal, hacer un contrato por obra o servicio temporal y alargarlo en el tiempo de forma injustificada.

El trabajador demandó a la empresa Masa de Puertollano, S.A., por despido improcedente ocurrido el 14 de agosto de 2015, después de que Elcogas decidiera cerrar la Central Térmica que tenía en Puertollano, donde éste trabajaba en el servicio de mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación y control del ciclo combinado, fraccionamiento de aire, preparación de carbón, gasificación, desulfuración y auxiliares.

Desde el 1 de marzo de 2000 había venido concatenando contratos por duración determinada y hasta fin de obra primero con la empresa Babcock Montajes, S.A., que ostentaba la contrata de mantenimiento de la citada Central Térmica y después, a partir de 2006 con Masa de Puertollano, S.A., que sucedió a la anterior en el mantenimiento de la citada central.

El Juzgado de lo Social 2 de Ciudad Real rechazó que la relación laboral hubiera sido de carácter indefinido y consideró que la extinción del contrato se debía a su finalización, si bien reconoció el derecho del trabajador a percibir la indemnización fijada en el Convenio de siderometalurgia de la provincia de Ciudad Real, que ascendió a 20.1959,45 euros.

La Sala de lo Social del TSJCLM, en apelación, revocó con su sentencia, el 17 de octubre de 2017, la de primera instancia, reconociendo que la fijeza del trabajador, y declaró que el despido equivalía a un despido improcedente. Por ello, condenó a Masa de Puertollano, S.A., a readmitir al trabajador en las mismas condiciones de trabajo, abonándole los salarios de tramitación, con imposición de costas y pérdida de depósitos, o que le indemnizara con 71.729 euros.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo modifica, por unanimidad, la doctrina de la Sala en esta materia sobre el uso indebido del contrato de obra y servicio. Las necesidades permanentes de las empresas no pueden cubrirse con contratos temporales, queda claro tras la sentencia del Pleno de su Sala que cuestiona la duración de los contratos por obra y servicio en régimen de subcontratación. Es una sentencia que ha dejado en evidencia el uso abusivo de estas empresas del contrato por obra o servicio.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo abre la puerta a que el Gobierno realice una reforma en una doble dirección, por un lado, en la esencia propia de los contratos de obra y servicio y, por otra, sobre el propio régimen de las subcontratas. Realizar un cambio en el régimen de subcontratación, supondría modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.es

En conclusión, el Supremo cambia su jurisprudencia: No se pueden limitar los contratos a la duración de las contratas de las empresas. A partir de la publicación de la sentencia ya no es legal vincular los contratos a la duración de las contratas. Esto ocasionará un alza en el coste de esos contratos.

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