La concentración celebrada el pasado 27 de marzo frente al Congreso de los Diputados, de personas afectadas por la okupación de sus viviendas, vuelve a llevar al primer plano un gravísimo problema nacional que afecta a miles de ciudadanos frente a delincuentes consentidos por los poderes del Estado. El mirar para otra parte del Gobierno no hace más que aumentar el sufrimiento de las víctimas.

Los datos avalan la urgente necesidad de resolver este asunto: las okupaciones de viviendas en nuestro país crecieron un 18% en 2021, con 13.389 casos hasta septiembre. De ellas, el 42% se produjo en Cataluña, donde Ada Colau hasta alienta estas prácticas con fines claramente populistas, atreviéndose a sostener que la okupación es la consecuencia de un problema de acceso a la vivienda. Lo que viene a proponer es la ley de la selva: como no tengo casa okupo la tuya, si no tengo dinero te robo y si me molestas pues saco la navaja…

El surgimiento de clanes que gestionan la okupación de viviendas rara vez termina en prisión para estas mafias, lo que alienta la nueva comisión de delitos y de ahí la honda preocupación de los afectados, que han de soportar que las leyes actuales protejan al delincuente. El cambio normativo no admite ya más demoras porque el derecho a la propiedad existe y está en nuestra Constitución, y el respeto a la ley y la convivencia pacífica deben estar por encima de quienes como el ex vicepresidente Iglesias o el presidente Sánchez disponen de mansiones vigiladas que imposibilitan su ocupación.