Conversaciones de El Sol Digital (XXVII)

Vicente Almenara.- Rafael Prieto Tenor es un abogado malagueño atípico en varios aspectos, no cobra en muchos de los casos más conocidos de los juzgados andaluces, por ejemplo. Durante siete meses fue delegado de Manos Limpias en Málaga hasta que este “sindicato” explotó por los aires en una operación en la que, junto a AUSBANC, fueron detenidos sus máximos dirigentes. También lleva otro caso sonado, las subastas exprés en Mijas y en los próximos meses se oirá hablar de él en los juicios sobre los EREs. Desde 2002, año en que inicia su carrera profesional, no ha hecho más que estudiar y trabajar, con pocas concesiones a su vida privada, como confiesa en esta entrevista con El Sol Digital.

Colaborador honorario del departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Málaga desde el año 2007, ha impartido seminarios ininterrumpidamente sobre el turno de oficio y en materia de transparencia y anticorrupción. Director del ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía), colabora en el ámbito docente en el área Derecho Contencioso -Administrativo. Áccesit especial de la Asociación Scévola de Etica en la Abogacía (2010) en prevención de blanqueo de capitales. Premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada (2008), ha publicado en prensa y revistas especializadas y también manuales prácticos, como la Guía para el abogado que empieza (Tirant, 2016). Cuenta con el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario de la UNED y actualmente trabaja en su tesis doctoral.

¿Cómo surgió la colaboración con Manos Limpias?

De una manera completamente accidental. En septiembre de 2015 contactó conmigo el coordinador general en Andalucía para pedirme que formase parte del proyecto. Por amigos comunes sabía que yo estaba defendiendo a algunos afectados por unas subastas irregulares y que habíamos conseguido el logro de que se judicializara el asunto por mediación del Ministerio Fiscal. Sospecho que tras aquello me consideró apto para defender intereses generales y me ofreció la posibilidad de abrir una delegación de Manos Limpias en Málaga, lo que yo acepté porque, siendo práctico, entendí que ello beneficiaba a las personas a las que yo estaba ayudando, en tanto que todo lo que Manos Limpias hacía en esas fechas traía aparejado un escaparate mediático y un revuelo que ayudaba a la solución de los problemas. Y fíjese que no hablo de clientes, porque en mi labor como delegado de Manos Limpias, jamás nadie pagó un solo euro. Desde el primer momento, mi coordinador, Arnaldo Fernández, un jubilado intrépido y absolutamente íntegro, me hizo ver que la ayuda a la sociedad debía ser desinteresada y así fue hasta mi último día como delegado. Por mi despacho pasaron docenas de personas, atendiéndose consultas y, en algunos casos, procedimientos administrativos y hasta judiciales. Hubo personas que, ya que no se les cobraba, se sintieron en deuda y ofrecieron afiliarse al sindicato, pero siempre lo rechazamos para evitar que nadie pensara en intereses encubiertos. Hablo de Málaga, que era lo único que yo controlaba. No sé lo que se haría en otras partes.

¿Cuándo dejó usted de ser delegado de Manos Limpias?

A los siete meses. Me duró muy poco la delegación. Fue en abril del año pasado cuando me llamaron varios periodistas, además de mi coordinador en Andalucía, para informarme de que habían detenido a Miguel Bernad, el secretario general del sindicato. Pero yo no lo conocía, ni siquiera había hablado con él por teléfono. La imagen que yo tenía de ese hombre era la misma que podía tener cualquier otro ciudadano, la de un señor con aspecto bonachón que salía en televisión hablando de la Infanta. Yo solo conocía al coordinador en Andalucía, que era quien me propuso el proyecto de Málaga y con quien me sentía vinculado personalmente. Tras las detenciones y el resto de hechos de que se hicieron eco los medios, en los que tampoco debo entrar por respeto a la investigación de la Audiencia Nacional, presenté a mi coordinador la renuncia irrevocable a la delegación de Málaga, que quedó absorbida por la coordinadora de Andalucía, y en tanto que el coordinador de Andalucía renunció seguidamente, desapareció toda Andalucía del espectro orgánico del sindicato.

¿Cómo le afectó a usted todo lo ocurrido?

Cuando tuvo lugar la operación contra Ausbanc y Manos Limpias, tanto mi coordinador en Andalucía como yo, ambos cristianos con fuertes convicciones, nos encontramos ante una contradicción interior, además de sufrir la preocupación de nuestras familias, que eso se da por descontado. Nuestro impulso era salir corriendo y que no nos relacionasen con nada de esto. Era frustrante que realizásemos una buena labor a favor de la sociedad malagueña y que luego se destapase esta trama que de un modo u otro nos salpicaba, aunque no tuviéramos nada que ver. Como decía mi compañero, era para dejar todo atrás, cogernos una barca e irnos al mar a rescatar a gente, como hace Salvamento Marítimo. Ayudaríamos al prójimo sin estar en el ojo del huracán de los medios de comunicación por hechos que ni conocíamos. Tengo que aclarar que el compañero tiene el título de patrón, o sea, que solo nos faltaba pedir el barco a un amigo para echarnos al mar.

¿Pero no sigue usted defendiendo las acusaciones de Manos Limpias en procedimientos judiciales?

Con la detención de Miguel Bernad, se produjo una desbandada general de abogados y procuradores y nos enfrentamos al dilema moral entre irnos también corriendo como nos pedían nuestras familias o, por el contrario, hacer bueno aquello de no dejar desamparada a la sociedad, que es por lo que vinimos y, en la medida de nuestras posibilidades, defender los intereses generales, lo que equivale en los procedimientos judiciales a intentar que la sociedad recupere el máximo de dinero expoliado por los corruptos. Y con esa idea bien asumida recogí el testigo en varios procedimientos sevillanos, además de mantenerme en los que ya dirigía en la provincia de Málaga. Sí quiero aclarar que cuando hablo en plural me refiero también al compañero letrado Salvador Fernández, igualmente cristiano y que siempre ha estado a mi lado ayudándome con los asuntos, que superan de largo los cientos de miles de folios. Con el mismo sueldo que yo, o sea, ninguno.

¿Hasta dónde va a llegar Manos Limpias?

Yo soy un simple abogado defensor. Cierto es que ocupé un cargo en la organización durante siete meses, pero fui tan insignificante que ni siquiera me llamaron desde Madrid. Lo único que sé es que en los medios se ha publicado recientemente que la Audiencia Nacional valora la adopción de algún tipo de medidas penales contra el sindicato, lo que podría suponer la suspensión de funciones y el fin de las acusaciones populares que mantiene. Como cristiano solo puedo decirle que las cosas llegan hasta donde Dios quiere que lleguen, y si el fin está próximo al menos guardo la satisfacción de saber que no me retiré por voluntad propia, sino que intenté defender los intereses generales hasta donde me fue humanamente posible.

¿Cree que es necesaria en España una organización de esta naturaleza u otra parecida?

El escándalo de Manos Limpias se ha utilizado en España para atacar la acusación popular porque, como usted sabe, somos un país de extremos. Aquí es indispensable una acusación popular sólida en los tiempos que corren, sea quien sea quien la ejerza. Los críticos defienden que, si analizamos nuestro entorno europeo, somos los únicos que mantenemos una acusación popular pura sin monopolio del Ministerio Fiscal. Pero esto es una verdad a medias, pues se omite interesadamente que en ese entorno europeo la figura del Ministerio Fiscal es una institución mayoritariamente independiente, ajena a la politización que sufrimos en España. Al no existir aquí independencia, se hace imprescindible el contrapeso que pone la acusación popular en el sistema. Hay que recordar que las acciones judiciales colectivas se expandieron en América desde mediados del siglo XX como garantía de defensa de los derechos civiles, convirtiéndose en un formidable sistema de control ciudadano de la corrupción. Incluso se liberó a quienes promueven estas acciones no solo de tener que anticipar dinero en concepto de fianza, sino de pagar costos de juicio e indemnizaciones para el caso de que las acciones no prosperen. Qué lejos estamos de un sistema donde no sólo no se ponen límites a las acciones populares, sino que inclusive se incentivan a coste cero como eficaz mecanismo de control de la corrupción. Estamos a años luz de otros países que verdaderamente posibilitan que el ciudadano de a pie pueda exigir a las autoridades que rindan cuentas. Sin reclamación de fianzas previas y sin amenazas de condenas en costas. Aquí se han convertido en un modo solapado de reprimir el escrutinio ciudadano mediante el miedo.

¿Cómo se desarrolla el caso de las subastas exprés de Mijas?

Este es un ejemplo de lo que anteriormente comenté, que Manos Limpias facilitaba un escaparate mediático que daba gran repercusión social a los hechos que se denunciaban. Y esto era sin duda muy positivo para la sociedad. En ese caso se denunció públicamente que existían presuntas irregularidades en el embargo y posterior subasta de propiedades intervenidas por el Ayuntamiento de Mijas, con docenas de adjudicaciones exprés a subasteros por cantidades miserables sin aguardar una oferta mejor dentro del recomendado plazo legal de seis meses. El informe de la Guardia Civil, del que se ha hecho eco la prensa recientemente, documenta prácticas que permitían a los subasteros adjudicarse viviendas y otros inmuebles a precios que apenas llegaban a una décima parte del valor real del inmueble. Se ha detectado un patrón similar en multitud de casos y se cree que el sistema podría incurrir, como mínimo, en un delito de prevaricación. Por ponerle un ejemplo, inmuebles de 1,3 millones adjudicados por 34.000 euros. No obstante, el asunto está siendo investigado por los juzgados de Fuengirola desde hace año y medio y faltan por llegar todavía más informes de la Guardia Civil. Debemos ser respetuosos y confiar en que se hará justicia con los desfavorecidos a los que se ha maltratado. Porque ya tiene un ciudadano que sufrir penurias como para no poder impedir que le subasten la casa por no pagar una tasa de basura. Son situaciones que un Estado que se anuncia como de bienestar no puede permitir y menos aún que las propiedades se las queden los subasteros por precios ridículos. Eso sí, tengo que añadir que tras la denuncia pública de Manos Limpias, el nuevo Alcalde se comprometió y se elaboraron rápidamente unas nuevas Bases de Ejecución. Desde entonces, el Ayuntamiento obliga a esperar ofertas durante el plazo de seis meses, considerándolas una vez finalizado el plazo y no pudiendo adjudicarse directamente bienes inmuebles por un valor inferior al 50 por ciento del valor catastral. Es un esfuerzo importante por parte del regidor. Tenga en cuenta que son objeto de investigación penal numerosas adjudicaciones inferiores al 3 por ciento del valor, adjudicaciones que aunque finalmente se reputasen legales, son del todo inmorales y contrarias al sentido común y al sentido comunitario que se supone que debieran tener los servidores públicos.

¿Y el caso de los ERE y los cursos de formación?

Son dos asuntos que van por derroteros diferentes. El primero se prevé que empiece a juzgarse a finales de año y el segundo está archivado provisionalmente a expensas de los recursos presentados contra el archivo, entre ellos el nuestro. En ambos casos hay que ser respetuosos y confiar en la acción de la Justicia. Eso sí, debo añadir que en los ERE parecen haberse esfumado cerca de 1.200.000.000 euros y en los cursos otros 3.200.000.000 euros de dinero público. Creo que intentar recuperarlos para la sociedad andaluza justifica estar ahí empujando y apoyando al Ministerio Fiscal en su acusación, siempre para garantizar que los intereses generales queden salvaguardados. Aunque me lluevan críticas, que me lloverán.

¿Qué opina usted de la recusación del magistrado ponente Pedro Izquierdo, al que han apartado del caso de los ERE?

Esta es una cuestión muy delicada para mí. La recusación que planteamos vino precedida de una petición amable de abstención, que él desatendió. En todo mi ejercicio profesional jamás recusé a nadie y a este magistrado tampoco nadie le había recusado en su trayectoria, de modo que uno y otro hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó. Para mí fue un trago muy amargo porque si me hice cargo de esta acusación fue, como he comentado antes, para defender los intereses de la sociedad, de modo que no podía hacer oídos sordos al clamor popular. Las redes sociales hervían con miles de comentarios indignados, produciéndose inclusive una expresa petición de abstención por cuenta de varios partidos políticos a través de los medios de comunicación. La actuación profesional del magistrado ponente, vaya por delante, fue siempre impecable. No obstante, esa sospecha generalizada en la sociedad sobre su imparcialidad tras haber sido cargo político elegido por aquéllos a los que ahora tenía que juzgar nos obligó primero a pedirle elegantemente que se abstuviera y, desoyendo la petición, a recusarle, con el resultado por todos conocido de haber sido apartado de la causa con nombramiento de otro nuevo ponente. Entiendo que se ha beneficiado a la sociedad y a la Administración de Justicia, pero a mí personalmente me ha supuesto una gran amargura, pues no soy ajeno al sufrimiento provocado, aunque los hechos hayan demostrado que hicimos lo correcto.

¿Qué piensa acerca del funcionamiento de la Justicia en España?

Pienso que la Justicia no es igual para todos, que es lo que nos han venido contando los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva, hoy apartados. También lo ha dicho la jueza Alaya en sus últimas conferencias. En términos formales sí es igual para todos, pero en su aplicación no lo es. La ciudadanía percibe eso y, muy especialmente, la politización por injerencias del poder ejecutivo. No obstante, también hay que decir que, a nivel de calle, en lo que se percibe como Justicia aplicada al ciudadano de a pie, existen fantásticos profesionales que, muy a pesar de la escasez de medios y recursos, suplen las carencias con sus esfuerzos y esto también lo ve el ciudadano.

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

Muy cansada. Quizás porque soy adicto al trabajo y no salgo de unos proyectos para meterme en otros. Haber luchado contra la corrupción desde la plataforma de Manos Limpias me ha permitido estudiar el fenómeno en profundidad, desde una perspectiva científica y formarme gracias a cursos de universidades españolas e iberoamericanas, además de los que promueven los organismos internacionales que se dedican a combatirla, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. Esto me ha ayudado a tener una perspectiva más amplia y a impartir como profesor honorario en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga un seminario anual sobre Transparencia y Anticorrupción, que es la única actividad sobre la materia que se realiza en nuestra Comunidad Autónoma. Mantengo en cartera varios proyectos docentes, el más avanzado una codirección con el ISDE y Economist & Jurist. También hace un trimestre constituimos una coordinadora sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es articular una red internacional de organizaciones ciudadanas que luchen contra la corrupción y a favor de la transparencia y la realización de los derechos humanos. Mi trayectoria profesional, a fin de cuentas, es un no parar. Como dice un muy buen amigo, todavía me queda libre entre las tres y las cuatro de la mañana, aunque a esa hora suelo tener la fea costumbre de dormir.

¿Es posible erradicar la corrupción?

La corrupción es un problema que nos acompaña desde el principio de los tiempos. La Biblia primero y el Corán después censuran firmemente la corrupción, lo que demuestra que por encima de los siglos y las religiones, el problema de la corrupción es tan connatural al género humano como la envidia o los celos. Otra cosa es que en los años 70 del pasado siglo naciera en Estados Unidos la preocupación académica por establecer un denominador común y unas pautas para acometer el fenómeno. Pero si ni la doctrina científica mundial, a través de medidas plasmadas en tratados internacionales, ha podido atacar eficazmente esta lacra, imagínese usted el ridículo de muchos de los mensajes que hoy escuchamos en la arena política donde unos y otros pretenden arrogarse el mérito de ser los que limpien el país. Son brindis al sol. Como si afirmásemos alegremente que vamos a erradicar la envidia por el mero hecho de prohibirla. El principal problema de la corrupción es que se nutre de una pobre educación en valores y de unas tristes medidas de control. No podemos descargar en la judicatura el problema de la corrupción porque la solución represiva es insuficiente. Equivale a dejar a los jueces en solitario y con una lanza luchando contra una estampida de búfalos. Quizás los más hábiles cacen a alguno de un golpe, aunque ya es difícil acabar con un búfalo sin armas de fuego. Yo tengo fe en que la situación pueda mejorar algún día. Los niños de hoy serán los legisladores del mañana y es bello pensar en que sería factible un Pacto de Estado para que se les educara eficazmente en valores pensando en la futura España.

Otros casos en los que haya intervenido y que merezcan ser comentados.

Hay un caso que sí me gustaría recordar, porque ilustra la fuerza de la sociedad cuando se une. Lo que se ha venido a llamar ciudadanía activa, que tiene la capacidad de movilizar a los poderes públicos. Echo muy en falta esa repercusión mediática que provocaba Manos Limpias cuando denunciaba y que otras acusaciones populares no han igualado. Esa falta de capacidad de convocatoria ha sido un paso atrás para la sociedad. Y pongo el caso de la niña Lara, que falleció a finales de 2015 a los 18 días de vida en el Hospital Materno Infantil de Málaga por tos ferina, al no disponer de anticuerpos. Fue un caso especialmente sangrante porque el Ministerio de Sanidad había recomendado en junio anterior priorizar la inmunización de las gestantes frente a la vacunación de los recién nacidos a los tres meses de edad. En Andalucía se hizo caso omiso a la recomendación del Ministerio y esta niña falleció por tos ferina sin una oportunidad real de luchar contra la enfermedad, al no disponer de los anticuerpos que le hubiera transmitido una madre vacunada. La Junta de Andalucía, pese a no reconocer el error y tras la muerte de Lara, anunció la vacunación obligatoria de recién nacidos a partir del día 1 de enero de 2016. Pues bien, Manos Limpias presentó una denuncia ante el fiscal general del Estado acusando de presunto homicidio por omisión a nuestros próceres andaluces, lo que se unió a otra denuncia que yo mismo presenté ante la Fiscalía de Málaga contra los responsables de la Consejería, lo que a su vez se sumaba a la investigación de oficio ya en curso. Todo con la debida publicidad en los medios. La cuestión es que, de un modo u otro, las vacunas que al principio no existían y que más tarde se anunció que llegarían el 1 de enero de 2016, milagrosamente aparecieron de urgencia a finales de noviembre de 2015, a los varios días de esas denuncias. Creo que este asunto demuestra perfectamente que los ciudadanos unidos podemos llegar a construir un mundo un poquito mejor para los que están por venir y que los poderes públicos sirven al interés general con efectividad cuando la sociedad se moviliza para que hagan cosas.

¿Por qué trabaja altruistamente en los casos antes citados?

A mí me enseñaron desde pequeño que seremos juzgados por cómo tratemos a los menos favorecidos. En los casos citados los menos favorecidos y los más abusados somos toda la sociedad en su conjunto. Se suma que tengo la desgracia o la virtud, según se mire, de no poder ser ajeno a estas inmoralidades, porque creo que nuestra misión, dentro de la modesta posición de cada uno en la vida, es intentar cambiar las cosas. Al menos intentarlo. Respecto al altruismo, me doy por pagado sintiéndome útil para la sociedad, con eso me basta. Tenga usted en cuenta que Dios siempre provee.