El Estado deberá pagar 4.000 millones de euros a Atlantia y ACS por un lesivo convenio de Magdalena Álvarez - El Sol Digital
El Estado deberá pagar 4.000 millones de euros a Atlantia y ACS por un lesivo convenio de Magdalena Álvarez

El Estado deberá pagar 4.000 millones de euros a Atlantia y ACS por un lesivo convenio de Magdalena Álvarez

La nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha desplazado recientemente al peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona) y dijo: “Hoy ponemos fin a los peajes. Vamos a liberar 477 kilómetros de autopista que supondrán un ahorro de más de 700 millones de euros para los usuarios”. Pero la ministra no dijo nada, ocultando información a los ciudadanos, de que habrá que pagar a la empresa concesionaria de la ya ex autopista de peaje AP-7 por la aberración firmada por una antecesora, la también socialista Magdalena Álvarez. Al haber vencido la concesión ha llegado el momento que fijó el Tribunal Supremo en su sentencia de junio de 2019 ante el choque judicial entre el Gobierno y el grupo Abertis sobre la compensación que deberá pagar el Estado por el muy lesivo convenio que firmó en 2006 la entonces ministra de Fomento Álvarez.

La ex ministra firmó hace 15 años el convenio con el entonces presidente de Abertis, Salvador Alemany, que establecía: “El Saldo de Compensación de Liquidación a abonar por la Administración General del Estado al vencimiento de concesión será la diferencia resultante entre los valores finales de los flujos de caja libres de explotación de referencia y reales correspondientes al período 2006-2021. Para su cálculo se considerará la tasa de capitalización anual, establecida de común acuerdo entre el Ministerio de Fomento y ACESA, cuantificada en un 6,5%”. Por si fuera poco, en el convenio se estima un incremento anual medio de ingresos de peaje de en torno al 2% entre 2006 y 2021 con crecimiento constante todos los años sin prever caídas por crisis o pandemias. A esto hay que sumar la compensación de unos 1.000 millones a Abertis por haber asumido la inversión de ampliación de la autopista a su paso por Cataluña que pedían a Álvarez los socialistas catalanes. Resultado: el grupo actualmente propiedad del italiano Atlantia y ACS ultima pasar en unas semanas una factura al Estado en cumplimiento de lo firmado por Álvarez superior a los 4.000 millones. Y Magdalena Álvarez sin responsabilidad económica alguna.

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