Hay que reconocer que el Ministerio de Igualdad ha roto moldes; no encaja en esa vetusta imagen llena de funcionarios aburridos que a muchos nos viene espontáneamente a la cabeza al pensar en un ministerio. Unos funcionarios que realizan labores rutinarias con el fin de implementar las decisiones tomadas por unos políticos que, supuestamente, intentan solucionar problemas sociales reales.

Para empezar, los problemas que pretende resolver el ministerio que regenta la sin par Irene Montero son mayoritariamente imaginarios, lo que de por sí ya constituye una innovación radical. Por ejemplo, hombres y mujeres han disfrutado en España de absoluta igualdad ante la ley desde que entró en vigor la actual Constitución, y en base a sus personales circunstancias, intereses y capacidades le han dedicado individualmente más o menos tiempo y esfuerzo a su carrera profesional, con resultados razonablemente acordes a esas decisiones. Gracias a ello, por ejemplo, las mujeres ya son mayoría en los estudios universitarios. Pues bien, lo que para cualquier ser humano común sería una situación social deseable, para el visionario equipo de Igualdad es una grave injusticia: ellos consideran que la sociedad ha de gestionarse a ese respecto con los criterios propios de un divorcio sin acuerdo: las mujeres tienen que ocupar al menos el cincuenta por ciento de los cargos tanto públicos como privados de alta remuneración, al margen de las capacidades y la dedicación que demuestren. Porque ellas lo valen. En cambio, no ven ninguna injusticia en que los hombres sean abrumadora mayoría en los trabajos de mayor riesgo y menor remuneración. Las víctimas mortales de accidentes laborales son en más de un noventa por ciento masculinas.

Otro campo al que el prodigioso equipo de Igualdad dedica sus denodados esfuerzos y su asombrosa capacidad intelectual es el de enredar con el lenguaje. Al parecer, el idioma español adolece de graves deficiencias, aunque hasta que Irene Montero dispuso de un ministerio nadie se hubiera dado cuenta. Ahora, para que todos los seres humanos de un grupo heterogéneo se sientan aludidos no basta con decir todos, sino que hay que decir todos, todas y todes. El caso es que yo me siento más bien todi y, en consecuencia, excluido. Habrá que señalarles el descuido.

Tampoco las sutiles injusticias en la vestimenta infantil escapan a su sagaz mirada igualitaria; según ha concluido un sesudo estudio de ese imprescindible ministerio: “el rosa oprime a las niñas”. De los niños no han dicho nada. Se conoce que las prendas tradicionalmente azules de los varoncitos se confeccionan más holgadas.

Pero el campo en el que les de Igualdad (¿o será Igualded?) más claramente están mostrando sus extraordinarias facultades es el de la defensa de los grupos con preferencias sexuales minoritarias. Según la Montero y su equipo, homosexuales, bisexuales, transexuales, no binarios, asexuales, plurisexuales, fluidos y cualesquiera otros que uno pueda imaginar deben tener derechos exclusivos. Adjudicar a ciertos grupos minoritarios derechos exclusivos, ya sea en base a su cuna o a sus preferencias sexuales, es lo que siempre se ha llamado conceder privilegios, que es una cosa de lo más reaccionaria y antigua y, desde luego, de lo menos igualitario y democrático que se pueda imaginar. Pero es que los designios del Ministerio de Igualdad son inescrutables. ¿Qué puede entender de eso un varón heterosexual como yo?

Porque esa es otra de las especialidades de los igualitarios: denostar a los varones heterosexuales. Curiosamente, para ellos, ellas y elles la igualdad consiste en dedicar buena parte de los cuatrocientos cincuenta y un millones de euros de que disponen a insultar a la mitad de la población. Según el Sanedrín de Igualdad, los varones heterosexuales somos todos heteropatriarcales, machistas y maltratadores de mujeres o de homosexuales en acto o en potencia. Y si las estadísticas dicen lo contrario, tanto peor para las estadísticas. En consecuencia, la Ley Integral de Violencia de Género les ha quitado a ellos y solo a ellos un derecho fundamental recogido en la Constitución Española: la presunción de inocencia. Como resultado de tan progresista decisión, más de un millón de varones heterosexuales españoles han visto arruinada su vida tras sufrir una denuncia sin pruebas.

Pero no hay que preocuparse, el Ministerio de Igualdad escribe derecho con renglones torcidos.  En cuanto se apruebe la Ley Trans, que les intrépides igualitaries promueven, todo ser humano va a poder definir su género a capricho. Su número todavía no, aunque todo se andará. Y así, ¡oh maravilla!, lo que a nuestro mísero entendimiento de desgraciados mortales parecía desigualdad se tornará en igualdad. ¡Aleluya! Cada cual podrá ser legalmente del género que le salga de las hormonas. ¿Cabe mayor igualdad?

Con ello, el desafortunado varón heterosexual acusado (falsamente o no, da igual) de maltrato por su pareja femenina no tendrá más que declararse mujer para recuperar como por ensalmo la presunción de inocencia. Además, tendrá acceso a todas las ventajas, ayudas y subvenciones que el Ministerio misteriosamente llamado de Igualdad concede de manera exclusiva a la mitad femenina de la población.

También los varones con ambiciones en el mundo de la competición deportiva, pero poco dotados para ella, podrán superar sus frustraciones: bastará con que declaren sentirse mujeres para que los incluyan en la categoría femenina, en la que, gracias a su dotación genética, podrán competir con ventaja.

Otro tanto puede decirse de los violadores; puestos a cumplir condena, dónde mejor que en una cárcel de mujeres.

Y si, como ya ha sucedido en Aragón, la administración autonómica crea una cuota para transexuales en las oposiciones a funcionario, se declara uno transexual y asunto concluido.

Así que ya ven ustedes, lo que a muchos nos parecía una política abiertamente discriminatoria y lo más contraria posible a la igualdad se va a convertir mágicamente en un desmadre en el que todos, todas y todes vamos a poder ser del género que nos dé la real gana, sin excepción ni cortapisa alguna. Nos ha costado cuatrocientos cincuenta y un millones de euros, que podían haberse dedicado a desarrollar una vacuna contra el Covid19, pero estoy seguro de que el espectáculo va a valer la pena. Y es que el Ministerio de Igualdad es algo más que un ministerio. Parece más bien el taller de ingeniería social de la señorita Pepis. O un frenopático lleno de negacionistas del principio de realidad.