J.A.V.- En diciembre pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció la obligatoriedad de cumplir con el 25 por ciento de horas lectivas en castellano en las escuelas de la región. Pero el Gobierno de España ha encontrado otra ocasión de complacer a los delincuentes políticos catalanes y oculta y desvirtúa este fallo judicial ante las instituciones europeas. De ahí que haya tardado siete meses en contestar a la Comisión de Peticiones que instaba al Gobierno a cumplir la sentencia del TSJC. Claro, lo que contesta es que carece de competencias para garantizar la enseñanza en castellano, que esa facultad compete en exclusiva a las autonomías, sin referirse a la llamada Alta Inspección. Incluso, para más escarnio público, sostiene que “el 25% no es un porcentaje que pueda ser trasladado a cualquier situación” y que, por tanto, solo se puede ir a los tribunales “si se detecta el incumplimiento de la Constitución, el Estatuto y la legislación básica, y no el incumplimiento de un porcentaje”. Lo que quiere el Gobierno es, otro eufemismo de la peor cosecha, “una valoración flexible”.

Cuando un gobierno no defiende la lengua de todos sus nacionales, la opinión que estos pueden tener de él no será muy buena, más bien muy mala.