El 3 de junio de 2021, el Parlamento de Dinamarca aprobó por amplia mayoría que los demandantes de asilo puedan ser enviados a terceros países africanos mientras se tramitan sus solicitudes. Hasta ahora, hay un principio de acuerdo con Ruanda. El objetivo del plan es doble: reducir al mínimo la llegada de inmigrantes no occidentales y acabar con el tráfico de personas. La postura de los socialdemócratas daneses tiene su origen en el momento en que Helle Thorming-Schmidt ocupó la jefatura del Gobierno entre 2011 y 2015, después de una década de gobiernos liberal-conservadores apoyados por el nacionalista Partido Popular danés. Pero el gran cambio se produjo cuando Mette Frederiksen ganó las elecciones en 2019. Los socialdemócratas dicen que “por desgracia, también hay demasiados que llegaron a Dinamarca sin convertirse en parte de Dinamarca. El desafío que se nos plantea no es temporal. Ha venido para quedarse. Amenazan nuestro modelo de bienestar, nuestra baja desigualdad y nuestro modo de vida”. Más claro, no es posible. Frederiksen se refiere a ciertos sectores de inmigrantes con clara incidencia en las estadísticas de paro y delincuencia. También es cierto que las tasas de contagio de coronavirus son siempre mucho más altas en las zonas con un gran número de inmigrantes. “Veo que en el debate público se discute sobre si es justo o no destacar esta realidad. Mi clara respuesta es que sí lo es. Las minorías también tiene que asumir su responsabilidad”, dice Frederiksen.

En la actualidad, se cita legalmente a los inmigrantes a presentarse en un juzgado que debe decidir sobre su repatriación. El gobierno socialdemócrata de Frederiksen tiene el apoyo de los nacionalistas daneses, que critican las acogedoras políticas de inmigración de las últimas décadas, apuntando a la creación de guetos y la falta de integración de las comunidades musulmanas. Frederiksen desea una política migratoria “justa y realista”. “Tenemos demasiados extranjeros sin residencia legal en Dinamarca que no regresan a casa, es insostenible”, ha dicho el ministro danés para la inmigración e integración Mattias Tesfaye, que es un inmigrante etíope.

Para formar parte de esta lista sobre la que se decidirá su repatriación – El Confidencial (7/7/2021)-, la condición indispensable es que más de la mitad de los vecinos sean inmigrantes o hijos de inmigrantes procedentes de países no occidentales. El anterior Gobierno liberal-conservador de Lars Løkke Rasmussen impulsó un plan para acabar con los guetos con el horizonte puesto en 2030, que incluía una veintena de medidas, como la imposición de penas el doble de altas a los crímenes cometidos en estas áreas, prohibir enviar a los hijos al país de origen de sus padres durante las vacaciones y derribar cientos de edificios de vivienda social para dispersar y reubicar a los residentes. Según la ley, los guetos duros (los que llevan más de cinco años en la lista) deberán tener como máximo un 40% de vivienda pública en 10 años. La lista de guetos que publica cada diciembre el Gobierno danés se sucede desde hace una década. En Mjølnerparken, por ejemplo, ahora son el cien por cien. La solución pasa por vender más de la mitad de las viviendas actuales a empresas privadas, con la consiguiente multiplicación de los precios, o demolerlas.

Aquellas leyes antigueto se fueron aprobando en el Parlamento durante la anterior legislatura, con el apoyo, entre otros, del Partido Socialdemócrata, entonces en la oposición y desde 2019 en el Gobierno. Recientemente, los socialdemócratas han firmado un acuerdo con otros cinco partidos para ampliar esa lista negra a una sesentena de áreas potencialmente vulnerables por su elevada proporción de inmigrantes (aunque menor que en los guetos), donde también se deberán llevar a cabo medidas para fomentar que se conviertan en áreas residenciales ‘mixtas’. El objetivo es que en 2030 ninguna área residencial de Dinamarca tenga más de un 30 por ciento de vecinos no occidentales.

Según información oficial de 2018, en Dinamarca viven alrededor de medio millón de personas de origen no occidental (10 veces más que hace 40 años), lo que supone aproximadamente un 8 por ciento de la población. “Concentrar inmigrantes no occidentales en áreas residenciales específicas y en las escuelas y guarderías de sus alrededores impide la integración e incrementa el riesgo de que emerjan sociedades paralelas religiosas y culturales”, constata un informe publicado por el Gobierno socialdemócrata en marzo de este año para anunciar las nuevas medidas.

 El país escandinavo ha recibido atención internacional durante los últimos meses por decisiones polémicas como la de retirar la protección a los refugiados procedentes de la región de Damasco, al considerarla una zona segura, convirtiéndose así en la primera nación europea en revocar los permisos de residencia a los refugiados sirios. Las autoridades danesas ya han empezado a notificarlo a los afectados y tienen en revisión unos 800 casos. Sin embargo, los sirios no pueden ser deportados a la fuerza, ya que Dinamarca no tiene acuerdos con el régimen de Bashar el Asad, por lo que aquellos que se nieguen a volver serán enviados indefinidamente a un centro de deportación en el país nórdico. La decisión ha recibido críticas tanto por parte de los socios externos del Ejecutivo de Frederiksen como también de organizaciones como Amnistía Internacional y Acnur.

El Gobierno danés también ha sido criticado por haber iniciado conversaciones con países africanos como Ruanda y Marruecos para externalizar los procesos de asilo. El Parlamento aprobó hace pocas semanas una normativa que permitirá enviar a los peticionarios de asilo a un centro de refugiados fuera de Europa. Si se acaba llevando a cabo, los demandantes que lleguen a Dinamarca serán enviados a ese tercer país, donde se procesará su caso y donde se podrán quedar en caso de que tengan derecho a protección.

La ambición de Dinamarca, según palabras de la primera ministra, Mette Frederiksen, es llegar a la cifra de “cero demandantes de asilo” para preservar la cohesión social del país, que asegura que está en riesgo, especialmente desde la crisis de los refugiados de 2015 y 2016.

Según el politólogo de la Universidad de Copenhague Kasper Møller Hansen, citado por El Confidencial,  “creo que en Suecia se está produciendo la misma evolución que en Dinamarca, solo que 20 años más tarde. Nosotros tuvimos nuestro Partido Popular Danés antes y empezamos a hablar de inmigración de forma diferente”, argumenta. “Creo que en Suecia y en otros países pasará lo mismo que pasó en Dinamarca: se intenta apartar a este tipo de partidos y no negociar con ellos, pero tarde o temprano se irán incluyendo en el funcionamiento normal de la política”.