Hay preocupación entre los operadores de telecomunicaciones. La ley de ciberseguridad 5G aprobada por el Gobierno replantea el despliegue de las redes de telecomunicaciones de cara al futuro y pone en duda todas las infraestructuras de red que ya existen en España. Aunque ni China ni las empresas de este país, como Huawei y ZTE, aparecen mencionadas en el BOE la redacción sienta las bases para establecer un veto a China y sus empresas. El Gobierno ha adelantado la normativa bajo la fórmula exprés del real decreto ley, no habrá por tanto tramitación con el resto de grupos parlamentarios.

Ya no se habla del 5G Standalone (SA), el 5G del futuro, y del core o núcleo en el que reside la información sensible, sino que se pone en cuestión todo el despliegue en el que ha participado de forma preponderante Huawei y que está presente en las infraestructuras de los grandes operadores del mercado, Telefónica, Orange y Vodafone. También quedaría afectado el 5G que ya está en activo, el llamado non-stand-alone que se superpone a la red previa ya existente con el 4G.

El Real Decreto Ley 7/2022 recoge qué suministradores 5G son de riesgo y aquí subyace la idea de China. Huawei es propiedad de sus empleados, por lo que las acciones quedan en manos chinas, no pueden revenderse, ni quedar en poder de inversores extranjeros, el fundador de la compañía es el ingeniero Ren Zhengfei, que ha estado vinculado al Partido Comunista Chino y al Ejército de este país.