Un proyecto de ley entró el pasado 6 de julio en el Parlamento británico para frenar la inmigración ilegal. Incluye restricciones de visados a países que se nieguen a aceptar el envío de deportados, los servicios públicos a los que no tendrán derecho quienes piden estatus de refugiado, pero no han utilizado los canales legales de entrada en el país, y el envío temporal a otros países mientras se resuelven las peticiones. Asimismo, el Gobierno prevé condenas a cadena perpetua a los traficantes de inmigrantes y a penas de hasta 6 años de cárcel a quienes hayan sido deportados y regresen al Reino Unido. A su vez, las patrullas marítimas del Canal de la Mancha retornarán a las costas de procedencia a los inmigrantes.

Por otra parte, la ministra del Interior, Priti Patel, ha denunciado a los abogados oportunistas que obstaculizan las deportaciones a cambio de beneficios económicos, presentando incluso solicitudes con varios nombres. En 2020 se identificaron 8.420 inmigrantes ilegales en botes que pretendían llegar a territorio británico.