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El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia “la situación de caos que estamos viviendo en el primer día de entrada en vigor de la reforma del Código Penal los funcionarios de la Administración de Justicia y el perjuicio ciudadano que conlleva”.
STAJ recuerda que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entre otras, contiene novedades sobre la prisión permanente revisable, libertad condicional, nueva redacción de delito de asesinato, responsabilidad penal en sociedades mercantiles, derogación de las faltas y su paso parcial a delitos leves y redefinición de los delitos en términos generales.
Por ello considera que una reforma de tal entidad “exigía con carácter urgente y extraordinario que se impartieran cursos de formación específica para los juzgados afectados, ya que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados. Así lo hemos exigido al ministerio y a las CCAA competentes, con antelación a la entrada en vigor de la reforma, sin que se haya atendido nuestra razonable exigencia. Que nadie busque responsabilidades en los funcionarios de Justicia ante los posibles perjuicios a los derechos de los ciudadanos, estas responsabilidades descansan en los responsables políticos que permiten esta situación”.Insiste el sindicato en que a los funcionarios de la Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación P.A. y Auxilio Judicial, que somos los que tramitamos físicamente los asuntos, “no se nos ha facilitado información y explicación de esta importantísima reforma y ni mucho menos se nos ha dictado un protocolo de actuación para su implantación. El ministerio y las comunidades con competencias vuelven a confiar en que los funcionarios de la Administración de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza”.
En esta situación revela que en el día de entrada en vigor de la nueva legislación, “se está viviendo una caos en los Juzgados de Guardia de toda España, ya que no existen herramientas informáticas y modelos de resoluciones para aplicar la reforma”.
Además, “no se han actualizado los sistemas informáticos, ni tan siquiera para el registro de los asuntos que ingresan en los Juzgados de Guardia, que se están salvando con la mejor de las voluntades y sin ningún apoyo por parte de la Administración”.
Por ello, STAJ lamenta que los legisladores, sin entrar en el fondo de la Ley, “aprueben las leyes sin que quede garantizada que su aplicación se produzca garantizando los medios técnicos y materiales y personales para llevarla a efecto. Esta práctica es contraria al sentido común”.
Asimismo, “consideramos inadmisible que aún a pesar de nuestras peticiones de formación a los funcionarios y la actualización de los sistemas y modelos informáticos las distintas Administraciones con competencias en Justicia, no es que no hayan hecho frente al desafió sino que se hayan puesto de perfil ante el vendaval que se avecinaba”, concluyó.