Las universidades públicas catalanas más que templos del saber y de transmisión de conocimientos y de investigación se han convertido en centros de adoctrinamiento ideológico separatista por su descarado apoyo al ilegal procés, pese a los sucesivos fallos de la Justicia. Pero como la ley no se cumple en Cataluña, vuelta a empezar.

La  Universidad de Barcelona ya fue condenada el año pasado en primera instancia por un manifiesto en el que llegaba a reivindicar la autodeterminación catalana y ahora es el Tribunal Supremo quien confirma que la Universidad Pompeu Fabra vulneró el principio de neutralidad política con el pronunciamiento de su claustro contra la sentencia del referéndum ilegal del 1-O.