En principio, cualquier ciudadano no avezado en economía podría alegrarse de que el Gobierno -como consecuencia de un pacto PP-PSOE- haya subido el 8 por ciento del salario mínimo -la mayor subida de los últimos 30 años-. Pero solo sería una ilusión. Porque esta subida va a encarecer el coste de los trabajadores y, por extensión, obstaculizará el empleo de los jóvenes y de los menos cualificados, que a un coste menor podrían tener más oportunidades. Parece claro que aquellas personas que no puedan generar para la empresa una retribución superior a ese mínimo legal pueden verse en la calle.

La experiencia internacional nos dice que la subida del 1 por ciento en el salario mínimo tiende a reducir el empleo el 0,15 por ciento. En el caso de España, la subida del 8 por ciento supondría una erosión del empleo del 1,2 por ciento, o sea, 200.000 puestos de trabajo menos. El trabajo de los economistas Sofía Galán y Sergio Puente, del Banco de España, concluyen que los trabajadores afectados por el salario mínimo se ven expuestos al doble de probabilidades de ser despedidos que aquellos otros no afectados, como se ponía de manifiesto en el último número de Actualidad Económica.

Se argumentará que en España los sueldos son muy bajos, que el trabajo es precario y un largo etcétera de peros. Lo cierto es que hay el trabajo que hay y que todas las empresas pagan los sueldos que pueden, no los que quisieran, incluso los que critican el estado de cosas actual.

Por otra parte, no se nos debe ocultar que la única posibilidad de que seamos competitivos es mantener unos costes laborales por debajo de nuestros socios europeos, si los tenemos mayores ellos venderán más que nosotros, así de sencillo, y crecerá su empleo y disminuirá el nuestro.

En fin, este acuerdo del denostado bipartidismo va en contra del propio PP, que no gana nada ante la sociedad española porque esta medida -que no explica- no le borra el estigma que alimentan desde siempre sus enemigos, mientras que PSOE la presenta como una victoria ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. No es la primera política socialdemócrata del Gobierno -tras la última subida de impuestos- ni será la última.