Hasta el 14 de septiembre pasado habían llegado a España, mayoritariamente en pateras, 24.077 personas sin documentación, nada menos que un 53,5% más que durante el mismo periodo del año anterior, y esto según los datos del casi nada transparente ministro del Interior Marlasca.

Francia, que tiene un parecido problema con Marruecos y Argelia, ha limitado las visas para entrar en el país debido a que estos países no están readmitiendo a los expulsados por Francia. Esta decisión aumentará el flujo hacia España, pero nuestro país no se atreve a responder limitando visas.

Cuando a principios del año 2020 se negoció el nuevo código Schengen, los ministerios de Interior y Exteriores de España no quisieron imponer restricciones de visados para que los países magrebíes admitieran repatriaciones, lo que aumenta el flujo migratorio.

El negociador francés de la UE con el Reino Unido por el Brexit es muy claro: “Hay que ser lúcidos, la política migratoria no funciona en Europa ni en Francia” (15 de septiembre, Le Figaro). Y “el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado un informe en el que acusa a los Estados miembros: solo expulsáis al 20% de las 500.000 personas que deberían salir del territorio porque están en situación irregular en Europa”. Esta situación es un flagrante incumplimiento de la ley.