Conversaciones de El Sol Digital (XVII)

Ricardo Puyol Sánchez, juez de Penal número 4 de Málaga

 Vicente Almenara.- Ricardo Puyol es un hombre afable y riguroso que tiene las ideas claras acerca del terreno que pisa. Le gusta el Derecho pero pudo ser periodista, quizá esa vocación que no llegó a consumar le da una perspectiva que explica cómo la Justicia debe someterse también al escrutinio de la sociedad. Pero es la independencia judicial la piedra angular sobre la que se asienta todo el edificio de la Justicia, de una arquitectura de la que está razonablemente satisfecho. Apenas sobrepasada la frontera de los cuarenta años, tiene toda una carrera por delante. Aquí avanza algunas de sus reflexiones sobre el mundo, muy desconocido para el ciudadano común, de las togas y los banquillos.

¿Cuáles cree que son las reformas pendientes de la Justicia en España?

En el ámbito de la jurisdicción penal hay una reforma pendiente desde hace mucho tiempo que es la reforma procesal penal española. Desde finales del siglo XIX ha sido muy reformada pero necesita una norma que la sustituya y que afronte de verdad todos los grandes problemas que hoy en día plantea el proceso penal en España. Por ejemplo, en la instrucción y enjuiciamiento de las macrocausas, no se encuentra la norma procesal penal preparada para afrontar el enjuiciamiento de este tipo de situaciones. La reforma del proceso penal es evidente que necesita una implementación de nuevas formas que la puedan regular. También hay otra reforma necesaria, la relativa a la instrucción. Replantear toda la estructura del proceso penal y hacer un planteamiento con el que yo en línea generales estoy de acuerdo, porque ubica la figura del juez donde debe estar, como órgano que controla la actividad investigativa que realizan otros órganos del Estado, ya puedan ser la Policía o el Ministerio Fiscal. Sobre todo, hay que dotar al juez de una mayor independencia. Creo que eso nos alinearía con la forma de proceder en materia de proceso penal de la gran mayoría de los estados de nuestro entorno.

En los otros órdenes jurisdiccionales, creo que la reforma del año 2000, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin duda alguna acarreó otra seria de reformas en materia contencioso administrativa o laboral que hacen que los procesos de esa clase sí se encuentren mucho mejor adaptados a lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo. Esto no ha sucedido en el proceso penal. Aquí, en lo que habría que ahondar es en el reforzamiento de los medios materiales y personales que, en provincias como Málaga, son a todas luces insuficientes para afrontar el número de asuntos que tiene que abordar.

Algunas reformas que se emprendieron, como las de Ruiz Gallardón, no llegaron a buen puerto.

Yo era vocal de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el periodo de 2009 a 2014, y me encontré una de las grandes reformas que pretendía implementar Gallardón y que era la reforma concerniente a la reestructuración de la planta judicial. Parte de unas premisas territoriales del año 1848; la planta estaba concebida de forma que el partido judicial era aquella población que distara un número de kilómetros determinado de la capital de provincia y que permitiera a todo el territorio circundante de esa cabecera de partido alcanzar la capital de provincia en un tiempo determinado. Hoy día, esa idea, sin duda alguna, se encuentra superada, los medios de comunicación, los sistemas de comunicación, carreteras, red ferroviaria, las circunstancias que se dieron en su día… hoy no tienen sentido. Estando yo de vocal en la Sala nos encargaron una serie de trabajos para la restructuración de la planta. Sin embargo, esos trabajos no llegaron a buen puerto, se quedó todo en el cajón. Y no pudo ser. Pero, vamos, esto no es nuevo.

Se achaca a una falta de consenso.

Falta de consenso generalizado. Parece que la Justica es un servicio público que, no puedo decir que no interese, sino que, al no lucir -probablemente esa sea la causa-, no entra en los programas de los partidos políticos con la fuerza que debería, como la sanidad o la educación. Es un servicio que, al final, queda como postergado. Nos encontramos así con una Justicia lenta, que no es eficaz, que en algunas jurisdicciones es tortuosa, porque la normativa no está adaptada a la realidad de hoy, y yo pienso que eso al final genera cierto nivel de desconfianza en la sociedad.

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¿Está de acuerdo con el papel del Consejo General del Poder Judicial?

El Consejo no es más que un órgano institucional cuyas funciones, de no efectuarlas el Consejo, deberían ser asumidas por órganos de carácter administrativo. Evidentemente, las funciones en materia disciplinaria tienen que ser ejercidas por un ente de carácter público, las funciones en materia de calificación para la provisión de determinados cargos de carácter jurídico tienen que ser ejercidas y, desde luego, su ejercicio no compete a los tribunales. Es decir, se llame Tribunal Supremo o se llame Consejo General del Poder Judicial, un órgano de carácter administrativo debe desarrollar las funciones de gobierno. Si me preguntas, yo sí soy partidario de este Consejo porque ese tipo de funciones, alejadas de lo que es la cúspide de la carrera judicial desde la perspectiva jurisdiccional que es el Tribunal Supremo, se las dota de cierto nivel de autonomía. Podemos discutir las formas de captación de cargos al Consejo, es decir si estoy o no de acuerdo con el sistema de elección. Ahí podría discrepar de la formulación actual. Creo que habría que reformar el sistema de elecciones por parte de los miembros del poder judicial. Pero también entiendo que la soberanía del Estado, que reside en el Parlamento, debe de participar en la elección de los miembros de gobierno de un poder como el judicial, yo creo que un sistema mixto es el más ajustado a la realidad.

Pero la división de poderes es esencial para la democracia, aunque Montesquieu haya muerto.

Pero, ¿cuál es la otra opción?, estoy de acuerdo contigo, pero la otra opción es un poder judicial íntegramente controlado por los jueces, sin ningún tipo de control externo. El sistema de Montesquieu es un sistema de controles recíprocos. En ese ámbito yo sí creo que el poder judicial tiene que ser absolutamente independiente, pero el Parlamento también tiene que participar.

El Consejo General del Poder Judicial puede mover a un juez de su puesto.

Pero por causas previas, expediente disciplinario, por unas causas tasadas de infracciones. Soy de los que piensan que el modelo se puede perfeccionar, pero estructuralmente confío en lo que es porque vivo la Justicia desde dentro, y es que a veces también se mitifica. Mitificar en el sentido de que, a fuerza de repetir una idea determinada, parece que esa idea es razonable, pero las cosas hay que verlas con perspectiva.

En el fondo, ¿el político tiene miedo de los jueces?

Estoy convencido de que eso puede que se sea así.

Y con lo que conocemos hoy de tanta corrupción con protagonistas políticos.

Hace 20 años te daría la razón, pero hoy España es una democracia consolidada, con sus matices.

¿Solo 20 años?

Creo que más, no olvidemos que España es una estructura supranacional, donde se han producido importantes cesiones de soberanía nacional. También en materia de Justicia interior. Eso da lugar a que la actividad judicial del país, como la actividad económica, bancaria y de los medios de comunicación, esté controlada por una normativa no emanada del Parlamento sino de la Comisión Europea o del Consejo de Europa. Y desde esa perspectiva, sin duda alguna, nosotros nos sometemos anualmente a sistemas de control de ejemplaridad judicial, transparencia judicial… Es decir, que el sistema está respaldado en parte por la UE.

¿Es satisfactorio el funcionamiento de la Justicia en España?

Creo que, en cuanto a la estructura es buena, está bien diseñada pero necesita mejoras, acondicionamientos a las circunstancias. En el gobierno del poder judicial sí mejoraría el sistema de elección. Lo despolitizaría un poco, probablemente daría mucha más fuerza a las propuestas de elección que realizan las asociaciones judiciales y los propios miembros del poder judicial, pero entiendo que de alguna forma el Parlamento debe de participar también en la elección de un cupo del poder judicial. Esa es mi opinión. Mejoras todas, pero  sí confió y sí creo que la estructura es adecuada, independiente y democrática, y sobre todo que se legitima desde un punto de vista técnico. Es decir, los miembros del poder judicial aplicamos las normas.

¿Cómo están funcionado los distintos programas de papel cero en la Administración de Justicia?

Los primeros meses está siendo un poco caóticos. Era esperable. Hay problemas de comunicación entre procuradores y abogados. Pero yo creo que es una apuesta clara por parte del PP, el ministro sé que personalmente ha estado muy implicado en todo el sistema de mejora, las numerosas normas que se han adaptado, y yo creo que está en curso y como todo es mejorable, estamos en un proceso de adaptación, no lo olvidemos. Ya viví en el 2002 la implantación de los juicios rápidos. Los dos primeros años fueron algo muy complicado, pero con el paso de los tres o cuatro primeros años de adaptación, la verdad es que el sistema ha despejado cargas de trabajo. Vamos a dar tiempo al proceso y veremos qué responder de aquí a un año o año y medio.

En las distintivas jurisdicciones de Málaga, sin duda todos los jueces tienen sus problemas, Mercantil está saturado, Penal también… ¿Cuál es la situación general?

Un presidente de tribunal dio hace poco en Málaga una charla muy interesante a todos los jueces de la provincia. Él, desde un punto de vista estadístico explicaba las necesidades de la provincia de Málaga en materia judicial, que son importantísimas. Hablaba de la enorme diferenciación de lo que es la justicia del norte con la justicia del sur. Castilla León, Cantabria, Galicia… donde la carga judicial está muy acomodada a la planta. Está bien estructurada en relación al número de asuntos. En el caso de Málaga no ocurre esto, sucede lo contrario. Hay unas enormes carencias en, prácticamente, todas las jurisdicciones. Es la quinta capital demográfica del país. Esto genera problema de toda índole. Entonces, en lo Penal Málaga necesita al menos cuatro juzgados. En Mercantil necesitaría otros dos. La primera instancia está algo más acomodada. Quizá un par de ellos. En general están todas faltas de refuerzo.

Después, hay otras series de medidas que deberían adoptarse, como es la implantación de los servicios comunes en materia de ejecución penal, ya que no contamos con un juzgado específico de ejecuciones penales. Contar con órganos que se dediquen a ejecutar las sentencias. En fin, estamos en una provincia caliente, judicialmente hablando.

¿Cree en la mediación como desatasco del sistema judicial?

Creo que la mediación es el futuro.

En lo penal es más difícil la mediación, ¿no?

Sí, lo que pasa es que lo Penal necesita una reforma importante de la norma para regular el proceso penal, volvemos a lo mismo que he señalado al principio. Claro, porque la mediación no está concebida normativamente hablando desde la perspectiva del proceso penal para un proceso que está influido por el principio de oficialidad y donde la administración fiscal asume la función del ejercicio de la acción penal en todo delito público, habrá que implicar al Ministerio Fiscal. Hoy en día yo sé que la mediación se da en el ámbito de Primera Instancia, Mercantil, también en el ámbito de Familia. Sin embargo, en el ámbito penal, necesitamos numerosas reformas.

¿Cree que la relación de abogados, jueces, fiscales, procuradores, debe de mejorar? Esto hay producido incluso un conflicto en Málaga. ¿Cómo se puede resolver?

Llevo 10 años en Málaga y esas malas relaciones entre el Colegio de Abogados y la jurisdicción las he visto en los últimos tres años. Habrá que plantearse cuál es la causa del problema, porque no siempre ha habido problemas, hay que estudiar la causa y poner solución. Y, sin duda, hay que imponer en este debate ciertas notas de precaución.

¿En la calle, qué imagen cree que detectan los ciudadanos de la Justicia?
Creo que no es buena la valoración. Pienso que en esto influyen varios factores. En primer lugar, el servicio público de la Justicia desde la posición de demandante o demandado. Es mucho más fácil acceder por razones obvias al servicio público sanitario, esto te permite un conocimiento más exhaustivo, y puedes efectuar una valoración mucho más atinada que de la Justicia. Hay mucha gente que habla de la Justicia sin haber tenido un acercamiento directo a ella, sino de lo que han oído. Creo que la Justicia tiene muchas carencias,  Málaga es una clara imagen de ello, pero también pienso que la Justicia está dotada de un personal extraordinariamente cualificado e implicado en su trabajo.

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¿Cree que debería seguir existiendo una jurisdicción especial como la Audiencia Nacional?, porque se establece en un momento histórico concreto por la acción terrorista…

Pienso que es otro debate pendiente de abrirse. La Audiencia Nacional ha prestado servicios extraordinarios, pero también es cierto que nació bajo una serie de circunstancias que hoy parece que no son las mismas. Hay que hacer una revisión serena y profunda sobre el sentido de una jurisdicción especializada bajo ese ámbito, y adoptar una decisión sobre su continuidad o mantenimiento, o, por el contrario, su supresión. Pero, efectivamente, pienso que estamos en una etapa distinta que requiere una serie de reflexiones sobre el establecimiento de una organización judicial al margen de la organización judicial ordinaria.

Usted no es hijo de jueces, ¿de dónde viene su vocación?

La semilla procede de que me gusta el Derecho, sin duda alguna, y el momento culminante del Derecho es su aplicación. En aquella época, en la carrera, en tercero o cuarto, me dio por leer el Digesto Romano. Entonces había en mí cierto nivel de llamada, de vocación. Esa figura técnica, cualificada, en un mundo absolutamente hostil como era el mundo romano pues ponía criterio, prudencia, equilibrio…

¿Se decide durante la carrera?

Sí.

Y si no hubiera sido esta dirección, ¿qué otra hubiera tomado?

No lo sé, tomé este camino. Antes de empezar la carrera estuve a punto de empezar la de Periodismo, la nota para entrar era alta. Pedí las dos carreras, primero la de Derecho y luego la de Periodismo.

¿Y no se arrepiente?

Me he llevado berrinches, pero no me arrepiento. He dado con la horma de mi zapato. Me gusta lo que hago. Me cansa también porque es un trabajo que necesita mucho equilibrio y prudencia, que yo la he adquirido con el tiempo. Una cosa es ser juez técnico, que es aplicar la norma, pero otra cosa distinta es cómo se va adquiriendo la condición, una serie de capacidades que, sin duda alguna, nadie te enseña, solo se aprende con la experiencia, con el paso de los años.

¿Se siente bajo el foco?

En algunos sitios sí, en Marbella sí, por ejemplo. Cuando sale alguna sentencia en los medios de comunicación evidentemente uno se siente concernido por ella.

¿Y produce malestar leer lo que se publica?

No, yo soy de los que piensa que este es un servicio público, tiene que estar sometido al escrutinio de la sociedad. La Justicia se realiza a través de unos órganos de fiscalización, pero desde el punto de vista mediático se realiza a través de los medios de comunicación.

¿Qué le parecen los jueces estrella?

La carrera judicial está compuesta por cerca de 5.000 miembros. Centrar toda la actividad judicial en cinco o seis personas es algo complejo y no es  representativo. Cualquier consideración que se realiza sobre la labor de estos compañeros y que se expanda hacia la sociedad creo que es injusta. Mis compañeros, la mayoría, trabajamos serena y silenciosamente todo el día y yo creo que formamos un buen cuerpo. Creo que la sociedad tiene que tener conciencia de garantía con nosotros. Somos el reducto del Derecho, la espina dorsal del Estado de Derecho.

¿Por dónde camina hoy el Estado de Derecho? Hay colaboración internacional, ya el Derecho rompe fronteras.

Hace años que empezó la globalización aquí. Esto es importantísimo. La materia que conozco, que es el Derecho Penal, es evidente el delito transfronterizo y las necesidades procesales que eso acarrea. Mira, el primer hito normativo mundial es el convenio para la prevención y represión del tráfico de estupefacientes, al que se adhieren prácticamente todos los estados del mundo y que por primera vez adopta una serie de principios para proyectarlos a las legislaciones internas en materia de persecución. Así, da posibilidad de aplicar tu normativa a las personas que cometen un delito fuera de tu territorito y la investigación de esos delitos utilizando instrumentos de cooperación penal internacional. Es la necesidad de hacer una persecución transnacional de los activos procedentes del tráfico ilegal de estupefacientes. La posibilidad de que yo me comunique con un juez extranjero para que me dé información patrimonial de una persona que cometió su delito aquí pero que sus efectos están en otro país, es fundamental. A partir de ahí nace un ámbito del Derecho Penal con una evidente proyección exterior.

¿Esto va a más?

Tiene sus problemas, evidentemente, porque al final la Justicia, como todo, depende de la soberanía de cada Estado. Creo que la idea está cada vez más consolidada entre los gobiernos de las distintas naciones. La necesidad de implementar un sistema de justicia universal que sea capaz de perseguir y enjuiciar delitos de lesa humanidad, creo que es un paradigma que está muy asentado. Al menos en el mundo occidental.

¿Usted cree que hay pérdida de valores, de educación principalmente, y que eso se traslada después al banquillo? ¿Hay una relación entre educación y Justicia?

Evidente. Mi familia son profesores, mi padre y mi madre. Tengo un enorme respeto al mundo de la educación, creo que es el eje central del futuro de un país. En los últimos años he visto un repunte importante de casos vinculados a ataques y agresiones al profesorado. En mi época de niño eso era impensable. Ha habido una revolución y ello contribuye a una pérdida de valores. No hay educación sin disciplina, poca formación se le puede dar a alguien si tú no eres capaz de dotar esa formación de ciertos niveles de disciplina.