El pasado diciembre, el Parlamento de Cataluña votó a favor de una reforma de su ley autonómica relativa a la violencia contra las mujeres. Esta reforma siguió injustificadamente el trámite de urgencia y modifica el sujeto de la ley para incorporar a cualquiera que diga que está en el ámbito de lo “trans”, sea o no transexual, lo que viene a afectar a la exclusividad feminista de la ley. Por esta razón, más de 100 ONG y plataformas de mujeres han solicitado a los grupos parlamentarios que presenten recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la reforma ha incorporado a varones que no han cambiado de sexo ni lo pretenden y que no tienen reconocimiento legal de transexualidad, pero que bajo el “paraguas trans” se “autodeclaran” mujeres (artículo 70).

El trasfondo de este conflicto está en los nuevos movimientos de identidad sexual, que quieren participar de los fondos económicos y de los privilegios legales hasta ahora reservados exclusivamente a las mujeres, planteando creencias subjetivas acerca de si una persona es mujer o no que son inverificables e incertificables, como el concepto “no binario” y toda una sarta de términos que a partir de ahora quedarían protegidos legalmente.