En el marco político europeo de la “transición ecológica”, una iniciativa muy frecuente es la que se orienta a reconstruir el sector energético en la dirección de una sociedad post-carbono o baja en carbono.

Se entiende como huella de carbono “la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto«.

La huella de carbono de una organización mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización.

La huella de carbono de producto, mide los gases emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado).

En España, en 2014, la huella de carbono representaba el 57 por ciento de la huella ecológica total). Una sociedad post-carbono, por definición, es una sociedad en la que el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) se ha reducido sustancialmente respecto a los niveles actuales.

Dos indicadores que son bastante conocidos: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas y la huella ecológica definida por el Global Footprint Network. Valores del IDH superiores a 0,7 indican un alto desarrollo humano, esto es, niveles satisfactorios de ingreso monetario, salud y educación de la población de un país. Valores de la huella ecológica por persona superiores a 1,71 hectáreas globales indican un consumo insostenible, superior a la capacidad del planeta para suministrar recursos renovables de forma duradera.

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) publica los datos correspondientes al IDH (http://www.undp. org/content/undp/es/home/librarypage/hdr.html). Los cálculos de la huella ecológica pueden consultarse en el sitio web del Global Footprint Network (https://www.footprintnetwork. org/licenses/public-data-package-free-2018/).

La transición post-carbono viene impuesta por la necesidad de mitigar el cambio climático y de adaptarse al mismo o por el encarecimiento y creciente escasez del petróleo y del gas natural.

La neutralidad en carbono es el equivalente a un resultado neto de cero emisiones. Hay varias acciones que los agentes emisores pueden llevar a cabo para conseguir este equilibrio, lográndose en gran medida gracias a la eliminación gradual del uso de los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural, etc.), principales causantes del calentamiento global.

Las medidas de reducción y compensación son la reducción del consumo energético y actividades que producen emisiones; la mejora de la eficiencia energética de los procesos; la innovación tecnológica baja en carbono, y el consumo de electricidad renovable (eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, termosolar, etc.).

La huella de carbono se configura así como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental. La huella de carbono identifica la cantidad de emisiones de GEI (gases efecto invernadero) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad.

En primer lugar, cabe indicar que las emisiones asociadas a las operaciones de una organización se pueden clasificar como emisiones directas o indirectas.

Las emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están controladas por la organización. Podrían entenderse como las emisiones liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad, por ejemplo, las emisiones debidas al sistema de calefacción si éste se basa en la quema de combustibles fósiles.

Las emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad consumida por una organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha electricidad.

Una vez definidas cuáles son las emisiones directas e indirectas de GEI y para facilitar la detección de todas ellas, se han definido tres alcances:

Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión.

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización.

Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos son la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo a través de medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros.

El cálculo de la huella de carbono de una organización se constituye como una herramienta con una doble finalidad: reducir los costes que implica el consumo de energía para iluminación, climatización, calefacción y transporte y, por otro lado, contribuir a la reducción de las emisiones de GEI y a una mayor concienciación medioambiental.

La entidad que calcula su huella de carbono tiene las siguientes ventajas:

Identificación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI. La mayor parte de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos.

Mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa. Obtención de reconocimiento externo.

Identificar nuevas oportunidades de negocio: atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente.

Australia se ubica junto a Rusia en el quinto puesto de los principales contaminadores a nivel mundial, por detrás de India, la Unión Europea, Estados Unidos y China, según «Climate Analytics«.

La importante evolución de las energías renovables en el mercado energético nacional, que se han doblado desde el 8,3% que suponían en 2004, dejarán a España sin apenas acceso al nuevo Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, y solo podrá optar al 4%, según el borrador del reparto elaborado por la Comisión.