Como es perfectamente comprensible, los seres humanos tendemos a comportarnos en consonancia con los incentivos que nos ofrece la realidad; adaptamos nuestras acciones a esos incentivos para obtener beneficios que optimicen nuestras posibilidades de supervivencia. Pero cuando los incentivos no responden a la realidad, sino que forman parte de una superchería diseñada por el gobierno con un sesgo claramente ideológico y propagandístico, las conductas de cada vez más individuos se vuelven disfuncionales.

Así, recientemente, en menos de una semana se produjeron en España dos supuestas agresiones homofóbicas que resultaron ser clamorosamente falsas. Una es la denunciada en internet por las dos jóvenes conocidas en las redes sociales como “Devermut”, supuestamente sucedida en un pub de Conil; la otra es la denunciada ante la Policía Nacional en Madrid por un joven al que una banda de ocho encapuchados había supuestamente agredido y grabado a navaja la palabra “maricón” en una nalga.

Como han mostrado los registros de las cámaras de seguridad del pub de Conil, las dos integrantes de “Devermut”, ambas lesbianas, intentaron repetidamente provocar algo que pudiera ser interpretado como agresión homofóbica, poniendo a prueba con sus intencionados codazos y pisotones la paciencia de varios varones presentes, que se comportaron ejemplarmente. Como todas las “influencers”, las “Devermut” viven de llamar la atención de los internautas, y por lo que se ve no tienen problema alguno en perjudicar a quien haga falta para mantener su popularidad. Lo que demuestra que ser lesbiana es perfectamente compatible con el más desaforado egoísmo.

En el caso de Madrid, fue el propio denunciante quien acabó confesando que su inverosímil cuento era mentira. Lo había urdido para ocultarle a su novio su participación voluntaria en la sesión sadomaso en la que le habían decorado la nalga. Lo que demuestra que ser gay no es incompatible con ser desleal y tener pocas luces.

En ambos casos los denunciantes pretendían obtener injustos beneficios personales a costa de los demás, subiéndose en marcha a la campaña de agitación y propaganda política orquestada por el gobierno de Pedro Sánchez, para hacernos creer que vivimos en una sociedad plagada de intolerantes violentos de los que solo ellos pueden salvarnos, ya que los partidos de la oposición serían de un modo u otros responsables de esas supuestas agresiones homofóbicas.

Afortunadamente, la falsedad de ambas agresiones no tardó en ponerse de manifiesto, pero podría no haber sido así. De no haber sido así, los propietarios del pub de Conil podían haberse arruinado debido a la muy previsible campaña de desprestigio de su establecimiento que hubieran organizado los activistas subvencionados. Y sus empleados se habrían quedado sin trabajo. Y en Madrid, la policía todavía estaría buscando a los inexistentes culpables de la supuesta agresión, en lugar de ocuparse de delitos reales. Todo ello con cargo al contribuyente. Es decir, que las denuncias falsas pueden causar daños, a veces cuantiosos, a personas por completo inocentes. La responsabilidad inmediata de esas denuncias falsas es de los denunciantes, claro está, pero también de quienes desde el poder político fomentan una caza de brujas políticamente correcta, que crea incentivos perversos muy tentadores para determinadas mentalidades narcisistas o inestables. Una caza de brujas que, como todas, se basa en fomentar la histeria entre la población en base a manifiestas falsedades y exageraciones.

Una de esas manifiestas falsedades propagadas por el poder político o por sus corifeos es que, en España, los homosexuales y las mujeres en general no pueden andar tranquilos por la calle porque siempre están expuestos a todo tipo de agresiones sexuales. Por supuesto, estas afirmaciones se hacen siempre de un modo sibilino y sin aportar datos comparativos. Veamos esos datos.

Tasas de delitos contra la libertad sexual denunciados por millar de habitantes en algunos países europeos en 2018, calculados dividiendo el número de denuncias que proporciona Statista entre el número de millares de habitantes de cada país:

Alemania: 3,7; Francia: 1,5; Suecia: 4,0; Dinamarca: 1,9; Bélgica: 1,4; Finlandia: 1,3; Portugal: 0,45; España: 0,49.

España y Portugal son los que mejores resultados obtienen a ese respecto en la UE, con enorme diferencia frente a los demás. Y la UE obtiene en general excelentes resultados a nivel mundial. Es decir que, como de costumbre, el gobierno nos oculta los extraordinariamente buenos resultados a ese respecto de nuestro país, ya que contradicen frontalmente su mentirosa propaganda, que tiene por finalidad principal acomplejarnos.

Pero todavía hay más datos que muestran la desvergüenza que se gasta este gobierno a la hora de vender su propaganda ponzoñosa. El propio INE nos informa de que en 2019 (último año del que ofrece datos) hubo en España 2.708 condenados judicialmente por delitos sexuales. Los condenados fueron 1980 españoles, 193 ciudadanos de la UE, 236 africanos, 232 americanos, 43 asiáticos y 1 de Oceanía.

Llama la atención la desmesurada proporción en relación a su número de ciudadanos africanos, europeos no españoles, americanos e incluso asiáticos entre los condenados. En conjunto, de un total de 2708 condenados, 512 eran extranjeros. Es decir, que si calculáramos la tasa de delitos sexuales de nuestro país en base solo a los cometidos por españoles, España tendría una tasa todavía mucho más baja. Por lo demás, violaciones hubo 36, lo que supone la bajísima tasa de 0,76 por millón de habitantes, aunque solo 21 de ellas fueron cometidas por españoles. En consecuencia, los españoles podemos estar muy satisfechos y orgullosos en lo que a nuestra conducta sexual colectiva respecta. Y muy tranquilos. En España, el riesgo de ser víctima de una violación es ínfimo; cualquier niñata imprudente puede regresar tranquilamente sola a su casa de noche. Borracha o puesta de lo que prefiera. El riesgo de morir en un accidente de tráfico es unas 50 veces mayor, y pese a ello tanto las mujeres como los homosexuales usan cada día el coche sin hacer aspavientos. Así que la ministra Irene Montero haría bien en cerrar su bochornoso chiringuito especializado en inflar el presupuesto destinado a resolver problemas estadísticamente ínfimos, creando al mismo tiempo histeria e incentivos perversos mucho más significativos. Porque para resolver el a todas luces muy pequeño número de casos reales de agresiones sexuales, ya se las apañan perfectamente policías y jueces.