El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha remitido a la Fiscalía Europea la documentación con conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil a imputados del caso Voloh para que investigue si se pudo cometer algún delito “comunitario” en la reunión que Iván Redondo, en aquel momento jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo con representantes de la patronal catalana Foment del Treball para anunciarles el reparto de fondos de la UE cuando todavía no eran públicos.

Un informe de la Guardia Civil indica que el pasado mes de octubre se había registrado una conversación telefónica entre un ex cargo de CDC y también empresario, David Madí, con un directivo de la consultora RSM Spain en el que se hacía alusión a aquella reunión. Los dos comentan la que consideraban una oportunidad de negocio para asesorar a empresas interesadas en recibir fondos europeos a cambio de una comisión: “El negocio yo creo que está en un fee discreto para ayudarlos a presentar proyectos” explicaba Madí.