El sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Málaga señala que las denuncias por acoso laboral y sexual de los trabajadores de la Administración autonómica en Málaga se amontonan sin ser investigadas. Circunstancia que se produce porque la Junta de Andalucía en Málaga ni siquiera ha constituido el comité que debe abordar estos asuntos y que debió empezar su andadura hace más de cuatro años.

Este sindicato, en un escrito dirigido a la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, exige que se active este comité, fundamental para velar por la independencia y seguridad del empleado público.

El responsable de AGJA en CSIF Málaga, David Delgado, no puede ocultar su “perplejidad” ante el hecho de que “la Junta de Andalucía haya mirado para otro lado ante presuntas situaciones de persecución por cuestiones laborales, sexuales, ideológicas o personales”. “Los trabajadores que decidieron dar el paso de denunciar han quedado a merced de posibles represalias e imposiciones porque no han encontrado el amparo de la administración”, agrega Delgado, que se pregunta si la aprobación del denominado Comité de Investigación Interna para Situaciones de Acoso “únicamente fue una decisión de cara a la galería”.

Esta afirmación se sustenta con un simple análisis del corto recorrido de este órgano, cuya andadura se inició el 27 de octubre de 2014. Ese día, la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral acordó el protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual, por razón de sexo y otras discriminaciones a aplicar en el entorno de la administración autonómica. No obstante, y a pesar de los diversos requerimientos de este sindicato, el Comité de Investigación Interna que debía analizar estas situaciones ni siquiera se ha constituido.

“Si no se investiga, no se toman medidas ante la situación”, explica el responsable de AGJA en CSIF Málaga, quien entiende como lícito preguntarse qué ha pasado con los casos denunciados en los últimos años en Málaga, sin saber “si víctima y acosador han seguido conviviendo en el mismo entorno laboral”. “No entendemos que exista tanta opacidad por parte de la Junta de Andalucía para informar sobre qué está haciendo al respecto, siendo un tema tan preocupante”, señala Delgado.
Dentro de esta actitud de pasotismo que parece instalada en el Gobierno autonómico ante esta problemática, no resulta extraño que las denuncias que se han presentado “estén amontonadas, cogiendo polvo, sobre una mesa” de la Delegación del Gobierno.

El acuerdo recoge que el citado comité debe estar compuesto por dos representantes de la Junta, uno de los cuales debe ser técnico en prevención de riesgos laborales experto en psicosociología y ergonomía, mientras que el otro debe representar al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). A ellos se deben sumar otras dos personas con formación en este ámbito de actuación. Los cuatro deben ser designados por la Delegación del Gobierno de la Junta de cada provincia y, según advierte CSIF, el no hacerlo se podría considerar “ilegal”.

“Esta persistente dejación de funciones provoca un gran desasosiego entre el trabajador, que se siente desprotegido y abandonado por la administración en un momento complicado”, recalca David Delgado, que añade que la Junta podría incurrir en una “responsabilidad subsidiaria por inacción”.
Ante esta circunstancia, CSIF AGJA Málaga exige a la Junta de Andalucía que, “de una vez por todas”, asuma su responsabilidad y active de este organismo.