Bruselas cuenta con el apoyo de Media Intelligencie Unite plataforma que monitoriza hasta 6.000 medios de comunicación para analizar cómo hablan de la UE. Los informes son de consumo interno y sirven para asesorar a la Comisión Europea, detectar la proliferación de narrativas contrarias y actuar. Ya en 2016 la CE y las principales empresas tecnológicas acordaron un código de conducta para combatir los discursos de odio y la incitación a la violencia en internet. En los próximos meses el Parlamento europeo aprobará la ley de servicios digitales (DSA), un proyecto legislativo en el que se incentivará a esas plataformas para frenar los bulos y será la CE quien determine si han hecho suficiente. Este punto es muy controvertido porque la amenaza de Bruselas para que las redes sociales eliminen los contenidos que no les gusta bajo la advertencia de sanciones inquieta a expertos y organizaciones, que han denunciado que esto puede llevar a una “retirada desmesurada de contenido legítimo”, esto es, a la censura. La falta de armonización de las leyes en la UE también es un problema, pues no todos los estados miembros coinciden en lo que es o no legal.