El coste del CO₂ dispara el precio de la electricidad a niveles históricos. Pese a las altas temperaturas registradas durante el mes de abril y mayo, que causaron un descenso en el uso de la calefacción, la factura de la luz ha experimentado un notable aumento hasta alcanzar cifras récord.

Según OMIE, gestor del mercado eléctrico, el precio medio de la energía eléctrica generada ha sido de 65 €/MWh, un 29% mayor que en abril de 2019 (50,41 MWh), al no considerarse representativo el mismo mes de 2020 por la caída producida por el confinamiento. Al compararlo con el precio medio de todo el 2020, que fue de 33,96 €/MWh, se observa que ha habido un aumento de prácticamente el 50%.

La borrasca Filomena no causó tan solo un gran temporal, sino el segundo mayor aumento de la electricidad jamás visto en nuestro país. Con la borrasca se disparó el uso de calefacción, muchas de ellas de gas natural, además de que coincidió con una fuerte ola de frío en Asía que aumentó la demanda de este combustible fósil, provocando que muchos gases de metano se desviaran a esa zona del planeta.

La nueva subida de la electricidad se ha producido porque el gas se quema en los ciclos combinados y suele fijar el precio al resto de tecnológicas- más baratas, a excepción del carbón-, al tener el coste marginal más elevado, a causa del modelo marginalista del mercado eléctrico. Asimismo, la hidráulica embalsada en abril, para maximizar sus beneficios al tener un coste variable muy bajo, ha fijado el precio en el 58,33% de las horas de todo el mes.

También ha sido impactante el precio en los costes de emisión del CO2, principal gas causante del cambio climático. Se ha encarecido hasta llegar a alcanzar los 48 € ton/CO2 el último día de abril, cuando hace un año era de 20 € ton/CO2. Conjuntamente, este precio también se traslada al mercado eléctrico, sobre todo a través del gas al ser un foco emisor, suponiendo el precio de 50 € ton/CO2 un incremento de 18 €/MWh en la electricidad.

Este impuesto al CO2 no es directo, sino que la Unión Europea creó un instrumento de mercado por el que se comercian los derechos de emisión, persiguiendo incentivar la disminución de las emisiones (Directiva 2003/87/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2005).

El comercio de derechos supone, aproximadamente, el 45% de las emisiones totales de la UE. Entre las actividades cubiertas bajo este régimen de emisiones se encuentran las centrales térmicas de generación eléctrica, refinerías, coquerías, siderurgias, cementeras, cerámicas, entre otras grandes industrias.

Estos derechos se van limitando y restringiendo, año tras año, a un ritmo adecuado para la reconversión a una economía descarbonizada sin afectar a la generación de riqueza, hasta que en 2050 se eliminen por completo.

Aunque resulte impactante, no se aplican sobre el principal emisor de CO2, el sector del transporte (29%), pero si sobre la electricidad, aunque en abril las renovables, libres de emisiones, generaron el 49%.

El anuncio, por parte de la Comisión Europea, de aumentar la ambición en los objetivos de reducción de emisiones para 2030, del 40% al 50%, ha generado un tirón al alza en los precios del CO2, ante la previsible disminución de los derechos de emisión.

Si tenemos en cuenta los objetivos nacionales específicos de cada país miembro, en el caso de España con un 23%, podríamos estar ante el inicio de una escalada de precios.

El precio de la electricidad que consumimos en nuestros hogares no depende exclusivamente del fijado en el mercado eléctrico.

En la factura eléctrica, que cambió su estructura a partir del próximo 1 de junio, el precio de la electricidad, según los datos de 2019, corresponde en un 61% a los costes regulados y un 39% al coste de la energía en el mercado eléctrico (antes de impuestos). Para un consumidor medio, ejemplifican desde FACUA, con PVPC (tarifa regulada por el Gobierno) la factura ascenderá a 81,55 €, frente a los 55,71 € de hace un año.

La electrificación directa de las actividades sujetas al uso de hidrocarburos (transporte, calefacción, industria) es una necesidad de cara a descarbonizar nuestra economía en 2050. Al ser un recurso vital y de uso diario, su encarecimiento provoca que las empresas pierdan competitividad -al tener mayor coste en la electricidad.

El ahorro puede conseguirse si disminuye la parte regulada de la factura, además de modificar la Ley del Sector Eléctrico y realizar más subastas de energía a un precio fijo, fuera del mercado eléctrico para acotar el impacto del modelo marginalista que penaliza a los consumidores.

En España destaca el gran potencial de las islas Canarias o, de Andalucía, debido a su clima y una vegetación tan única cómo privilegiada.

Durante 24 días entre julio y agosto de 2019, la isla canaria de El Hierro consiguió ser 100% renovable

El sistema eléctrico canario, compuesto por seis sistemas insulares distintos, tiene ciertas particularidades en comparación con el de la península: se encuentran aislados, necesitan mayor capacidad de generación para evitar cortes de suministro y no disponen de interconexiones (salvo Fuerteventura y Lanzarote).

El uso de las centrales térmicas es responsable de más del 50% de las emisiones de las islas Canarias (5,7 MtCO2eq), lo que, unido al transporte, genera una alta dependencia energética del exterior.

La solución al reto de descarbonización de las islas se basa en la fórmula tradicional: electrificar con renovables las actividades que emplean combustibles, utilizar baterías y emplear hidrógeno verde para lo que no se pueda cubrir con electricidad.

Respecto a la problemática del transporte, las soluciones pasan por concretar objetivos vinculantes de vehículos eléctricos para 2030 e impulsar el transporte público a través de estrategias definidas de movilidad.

En el sector residencial y de servicios, según proponen los autores, la electrificación se unirá a la mejora de la eficiencia energética al sustituir calderas térmicas por bombas de calor para la climatización y el impulso para la implantación de autoconsumo fotovoltaico (con un potencial de 2 a 3 GW) mediante bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La mejora del sistema eléctrico fomentará la hibridación de las instalaciones de eólica y fotovoltaica, el desarrollo del almacenamiento con baterías y nuevos mecanismos de gestión de la demanda, para permitir que se garantice el abastecimiento y la seguridad del suministro

El gobierno andaluz aprobó el Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Energética de Andalucía 2030.

El abandono de los combustibles fósiles y la transición gradual hacia una economía neutra en carbono, garantizando el suministro de energía, es uno de los principales retos de este gobierno y hacia dónde quiere dirigir el escenario energético.

Nuestra Comunidad Autónoma puede posicionarse como una de las principales regiones impulsoras del cambio, contribuyendo a los compromisos asumidos en las principales iniciativas existentes para dar respuesta a la emergencia climática y abordar sus efectos, tanto a nivel internacional (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático) como de la Unión Europea (Marco sobre Clima y Energía para 2030 de la Unión Europea y Pacto Verde Europeo) y nacional (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 incluido en el Marco Estratégico de Energía y Clima).

En enero de 2021, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado las Directrices Energéticas de Andalucía, horizonte 2030, que recoge el posicionamiento a medio y largo plazo en materia de energía y los principios básicos que guían el diseño de dicha política, marcando hacia donde deben orientarse las actuaciones e inversión en ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en la Comunidad Autónoma en los próximos 10 años.

Se trata, una vez más, que Andalucía no pierda el tren del futuro ecológico, hacia un modelo energético descarbonizado, que aproveche los recursos renovables disponibles en la región, que incorpore las premisas de la economía circular, que ofrezca oportunidades desde el punto de vista empresarial, industrial y laboral.

En estos últimos años, el escenario energético de Andalucía ha cambiado sustancialmente. Ha evolucionado desde un sistema centralizado de generación, basado en combustibles fósiles, a otro más eficiente, conformado, en mayor medida, por una generación distribuida que aprovecha además los recursos autóctonos renovables.

Es necesario conseguir que se logre enraizar en toda la sociedad un modelo de consumo de energía racional y sostenible, promoviendo un cambio de mentalidad que impulse la transición energética.