Noticias de muy distintos sectores nos dan cuenta de una cierta recuperación económica en España, como son los casos de que los comerciantes despiden las rebajas con un aumento del 10 por ciento de la facturación; que los funcionarios percibirán en las próximas semanas –elecciones tocan- una parte de la extra no abonada de 2012; que el empleo juvenil repunta, aunque sea tímidamente; o que desciende un 30 por ciento la incidencia de los expedientes de regulación de empleo en nuestra provincia. Pero la bomba explotó el pasado día 2 cuando se conoció que el lunes 31 de agosto fueron despedidos en nuestro país 333.107 trabajadores –aunque se dieron de alta 135.783-. Y esto sucede pese a que la economía crece a tasas anuales del 3 por ciento y del 1 por ciento intertrimestrales.

La noticia nos devolvió a la realidad: precariedad en la contratación y generalización de la temporalidad, escasa confianza empresarial -alimentada por las expectativas políticas catalana y de generales-, la non nata reforma de las Administraciones Públicas y todo lo que ustedes quieran añadir, pero en lo que se relaciona con el empleo lo más sustancial es que falta un modelo que genere puestos de trabajo más allá del sector terciario.
Como apunta el servicio de estudios del BBVA, nuestra economía se desacelera y también la tendencia a la reducción del paro. ¿Cómo puede explicar el Gobierno que salgan del mercado de trabajo más de 134.000 trabajadores y que sólo aumente el paro en 21.000?

A pesar de nuestro récord turístico, en agosto se han hecho en nuestro país 550.000 contratos menos que en julio, lo que no sucedía desde 2008, y sólo el 6,4 por ciento de los contratos son indefinidos. Esto tiene también mucho que ver con Málaga porque los servicios acaparan el 83 por ciento de la riqueza y casi 9 de 10 ocupados, según un estudio del Servicio Estatal Público de Empleo. Este modelo no genera suficiente empleo, como se aprecia en la construcción –que cayó en picado con la crisis y que da trabajo a sólo el 5,8 por ciento del total de ocupados que hay en Málaga-, la industria (al 5,2 por ciento) y la agricultura (el 2,9). Es el modelo, nuestro modelo, el que presenta estas luces (un sector turístico consolidado) y estas sombras (altísimas tasas de paro consecuencia también de la estacionalización). De la aplicación de nuevas políticas industriales, tanto en el marco nacional como provincial -que multiplica la dependencia del turismo-, surgirían empresas menos vinculadas a la estacionalidad y que diversificarían más nuestro tejido productivo, alejando toda clase de riesgos. ¿Figuran estas políticas en los Presupuestos Generales del Estado y en los de nuestras instituciones autonómica y locales? Esta es la pregunta y la respuesta es no.