La Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el pasado 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección. Esta decisión fue debatida tras obtener el visto bueno del Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano consultivo de las comunidades autónomas y del propio ministerio para los temas relacionados con la conservación de las especies silvestres.

Hasta ahora la caza del lobo estaba prohibida al sur del Duero pero seguía siendo especie cinegética al norte del río.

La Comisión de expertos excluyó la posibilidad de incluir al lobo en el catálogo de especies amenazadas, como habían solicitado los grupos ecologistas, lo que habría prohibido cualquier tipo de capturas, mientras que su inclusión en el mencionado listado tan solo prohíbe la caza deportiva pero no lo protege de los llamados «controles poblacionales».

Los representantes de las organizaciones agrarias y las asociaciones de ganaderos han manifestado su profundo rechazo al cambio de estatus de la especie al norte del Duero, señalando que la prohibición de cazar al lobo puede dar pie a un grave problema para la conservación de la biodiversidad, al considerar que amenaza una práctica tan sostenible como la ganadería extensiva y el pastoreo con especies autóctonas, que favorecen el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Además, en su opinión, la protección del lobo obstaculizará la gestión sostenible del territorio, provocando el abandono de la actividad ganadera y dando lugar a que se agudice el grave problema de la despoblación rural.

Los representantes de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia expresaron su malestar por la forma de votación, ya que no debería utilizarse una proporción aritmética de comunidades, cuando las hay que no tienen lobo, caso de las insulares.