En la desaparecida FAFFE, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, de la Junta de Andalucía, nutrida con dinero para los parados, fueron colocados esposas, cuñados, primos carnales, hermanos, sobrinos e hijos de cargos públicos, y también concejales y alcaldes que salían derrotados en las elecciones municipales. Muchos de estos “enchufados” todavía están “trabajando” en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que acogió a los empleados de la FAFFE cuando ésta fue disuelta en 2011.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga no sólo el conocido “enchufismo” en la fundación, también “el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo” creados a su medida y sin utilidad, porque no tenían un “contenido material concreto”.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), a través de una denuncia, identificó con nombres y apellidos a 84 contratados supuestamente “por razones de clientelismo político o nepotismo”.

Mediante un auto dictado el pasado 24 de febrero, el magistrado solicita nuevas diligencias al SAE y a la Consejería de Empleo para avanzar en la investigación tanto de los 84 “enchufados” como de los contratos “irregulares” e “injustificados” de proveedores y empresas que realizó la fundación pública en 2008, 2009 y 2010. Su importe ronda los 9,46 millones.

El juez hace un repaso por los hechos supuestamente delictivos que confluyeron en la Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe) desde su constitución en 2007 hasta su disolución, en 2011.

En los casos de “al menos” 84 personas “se habría detectado” la contratación “con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo, ni observancia de los principios de mérito y capacidad”. Además, se habrían mantenido en los puestos de trabajo “creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones”, señala.

Atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez reclama al SAE la copia de las instrucciones de contratación. El instructor, que investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, también recuerda a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo que debe emitir un informe sobre las subvenciones que recibió la Faffe y el estado de su revisión.

Por otra parte, los ex altos cargos políticos socialistas comparecientes en la comisión del Parlamento andaluz sobre las presuntas irregularidades de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) siguen sin someterse plenamente al órgano de la soberanía popular, y de los dos citados el pasado día 5 de marzo,  uno de ellos se negó a declarar y el otro se eximió de toda responsabilidad. Primero compareció el ex secretario general de Empleo de la Junta y también ex director gerente del SAE, Antonio González, que no respondió a los parlamentarios de la comisión acogiéndose a su derecho a no declarar, aunque en una breve declaración preparada dijo que no tuvo nada que ver con la FAFFE ya que en 2012 cuando empezó a desempeñar sus responsabilidades la fundación ya había desaparecido.

El diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, presidente de la Comisión, obligo al ex alto cargo a permanecer en la comisión durante las intervenciones de los grupos parlamentarios, pidiéndole que argumentara los motivos para no responder y que lo argumentara con base jurídica suficiente, advirtiéndole de que podía incurrir en un delito de desobediencia, tipificado en el Código Penal.

Los grupos parlamentarios lamentaron que González guardara silencio ya que podría haber aportado información del proceso de liquidación de la fundación que se culminó en 2016 y que coincidió, por tanto, con su gestión.

Por su parte, Antonio Toro, ex director general del SAE y ex director general en la Consejería de Empleo de la Junta, dijo no tener conocimiento de irregularidad alguna de la fundación, cuyo funcionamiento coincidió en su gestión durante 2008 y 2010. Toro, incluso, habló del “buen hacer” de la FAFFE y de que las auditorías anuales estaban todas conforme. También rechazó haber recibido indicaciones de ningún consejero sobre los contratos a terceros de la fundación, así como de la contratación de personal del PSOE.