El diario El Español desvela algunas sombras de su empresa
Antes de partir este verano, el Open Arms estuvo bloqueado en Barcelona más de tres meses. Según la Capitanía Marítima, el barco había incumplido varios tratados internacionales, por ejemplo, en la última operación de diciembre no se evacuó a los rescatados en el puerto seguro más cercano posible, sino en Algeciras, siendo el Gobierno de Sánchez quien autorizó este atraque, según informaba El Español.
Según el mismo documento de Capitanía, el Open Arms solo tenía permitido navegar con un máximo de 18 tripulantes, por lo que no podía realizar “operaciones de salvamento que van acompañadas de un transporte por mar con un elevado número de personas, por un largo periodo de tiempo, incluso superior al plazo de una semana”.
Lo cierto es que Proactiva Open Arms no tiene permiso para realizar búsquedas activas en la zona SAR de Salvamento, pero sí pueden rescatar a aquellas personas “en peligro” que se encuentren en la mar, excepción ésta que le permite decir algo así como que “pasaba por allí y…”. De hecho, el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, envió el 27 de junio pasado una carta al capitán del Open Arms en la que le advertía de que si retomaba los rescates de inmigrantes podría ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros; también podría ser suspendido de su título profesional el capitán del barco. Pero nada de esto ha sucedido. La última es la tercera desobediencia desde la prohibición por el gobierno español de las operaciones del Open Arms. ¿Volverá a las andadas desde la impunidad en la que se mueve? Pues es lo más probable al no sufrir el peso de la ley tras sus supuestos incumplimientos.
Diversos testimonios recogidos por El Español señalan que Oscar Camps ofrece unas condiciones lamentables a quienes trabajan para sus empresas en España como socorristas en playas, compartiendo habitaciones hasta tres personas, descontándoles por el alojamiento 200 y 300 euros de lo que ganan, y sin ningún recibo de alquiler… Los contratos también dejan mucho que desear, entre tres y cuatro euros la hora en algunos casos, con poca preparación y largas jornadas de trabajo. En Proactiva, además, cualquier intento de formar un sindicato, que no sea afín a la empresa, supone presiones contra los trabajadores.
Las empresas, como la de Camps, que se presentan a los concursos públicos de socorrismo tienen que bajar extraordinariamente los precios para poder ganarlos, dados los escasos fondos públicos disponibles. También una parte del sueldo figura en nómina y otra en negro, según apuntaba un testimonio recogido por El Español. El sindicato CGT conoce estas prácticas de Camps.
Pero pese a esta supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, quien juega a héroe en la mar no obtiene contestación en tierra de los partidos de izquierda, que guardan silencio.