La Junta sigue permitiendo que alumnos con dos suspensos obtengan el título de la ESO en junio. La política del PP es la mismo del PSOE con los malos estudiantes y sus familias

A pesar del cambio de gobierno autonómico, a pesar de las continuas denuncias de APIA, Y a pesar del escándalo social y de la mala imagen que sobre la enseñanza pública andaluza esta lacra arroja, la Consejería de Educación dirigida por Javier Imbroda ha decidido, tras no pocos vaivenes, dejar las cosas como estaban: que los centros de secundaria andaluces puedan seguir, igual que en cursos anteriores, entregando títulos de la ESO en junio a alumnos con hasta dos materias suspensas –siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua–, eludiendo el derecho a realizar las preceptivas pruebas extraordinarias de recuperación de septiembre.

En prevención de que no se repitan los hechos de años anteriores, sensiblemente en 2017 donde bajo la tolerancia de la entonces Consejera de Educación Sonia Gaya se interpretó retorcidamente el Real Decreto 562/2017 -que regula las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller- para emprender una campaña encubierta de titulación masiva en junio de alumnos de la ESO con asignaturas pendientes con la cooperación de la asociación de directores ADIAN, y que APIA acabó denunciando en la Fiscalía, APIA ha dirigido al consejero de Educación, Javier Imbroda, a comienzos de este mes de mayo un escrito instándole a actuar con la diligencia debida para acabar con semejante práctica de la anterior administración; en dicho documento se le recuerda al consejero, además de las tropelías llevadas a cabo en 2017 en contra de informes internos de la propia Inspección Educativa, que el Real Decreto 562/2017 sobre titulación en la ESO y el Bachillerato no supone cambio legislativo alguno sobre la necesidad de las pruebas extraordinarias de septiembre, y que, de hecho, tal como recoge el Real Decreto, corresponde en última instancia al equipo docente decidir la concesión de ese título siempre  “que el alumno o alumna haya alcanzado los objetivos de la etapa y haya adquirido las competencias correspondientes”.

Contra todo pronóstico, y sin que APIA haya recibido aún respuesta alguna de la Consejería, a lo largo del mes de mayo se ha podido apreciar por parte de las nuevas autoridades educativas de la Junta de Andalucía reacciones y decisiones más propias de las antiguas, en sus más despóticos momentos; Así, con fecha del 3 de mayo, la delegada territorial de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, dirigía a todos los centros de su provincia unas Instrucciones donde haciendo una interpretación muy cuestionable del Real Decreto 562/2017 se les exigía la “obligatoriedad” “automática de titulación” del alumnado con una o dos asignaturas pendientes, sin que proceda “demorar la titulación hasta septiembre”; y frente a la capacidad de los equipos docentes para decidir la titulación o no –según recoge el Real Decreto– del alumno con dos suspensos, la solución ofrecida es la misma: la titulación “sigue siendo automática”. Es decir, aquello que ni la anterior Consejería se atrevió a hacer, presionar por escrito a los directores para que en sus centros se titule en junio a todos los alumnos con dos asignaturas suspensas en junio, menospreciando la valoración de los equipos educativos y obviando las pruebas de recuperación de septiembre, lo dictaba la máxima responsable de la Consejería de Educación en Córdoba bajo un Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos.

No mucho después, la diputada autonómica María José Piñero se hacía eco de las denuncias de APIA contra la continuidad de estas irregularidades en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz; «es vergonzoso que en lugar de cambiar el sistema educativo por ineficaz, lo que hacen es taparlo con parches de aprobados para maquillar los resultados académicos”, afirmó la diputada por Sevilla; en su respuesta, el consejero de Educación Javier Imbroda afirmaba –en contra de lo impuesto días antes por su Delegada de Educación de Córdoba– que efectivamente corresponde a los equipos docentes la decisión de titulación en esos casos, con hasta dos suspenoas y siempre que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas, e invitaba a no “transmitir un mensaje de desconfianza” hacia los profesores andaluces.

Como corolario de todo lo descrito, en los días posteriores llegaba a los institutos andaluces una Nota aclaratoria de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación donde simplemente se dejaban las cosas tal como estaban con la Administración educativa socialista: se recuerda la vigencia del Real Decreto 562/2017, mas la potestad de los equipos educativos para decidir quién titula y quién no; eso sí, sobre la necesidad de tomar esa decisión una vez agotadas todas las posibilidades ofrecidas al alumnado para aprobar –es decir, tras las pruebas extraordinarias de septiembre– la Nota no dice lo más mínimo, por lo que se mantiene la puerta abierta a que vuelvan a cometerse los mismos desmanes que conocimos en 2017 y –algo menos- en 2018. De forma paralela, Inmaculada Troncoso, la Delegada Territorial de Córdoba, ha enviado un escrito a los centros dejando sin efecto las indicaciones sobre titulación que les dio en sus Instrucciones del 3 de mayo.