Los problemas judiciales se le acumulan a Podemos, al asunto de la tarjeta de móvil de Dina Bouselham y las denuncias del abogado Calvente, se le suma ahora la información publicada por El Mundo el pasado 24 de agosto de que la mayor parte de los fondos del partido de Pablo Iglesias que adjudicó a la empresa Neurona durante la campaña para las elecciones generales de abril de 2019 terminaron en una sociedad instrumental denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin experiencia en la prestación de los referidos servicios y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada de Guadalajara, en el estado de Jalisco, al oeste de México.

Por otra parte, un juez de Madrid ha imputado a Podemos como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula, entre ellos unos de los colaboradores más estrechos de Iglesias, en una causa que investiga presuntas irregularidades contables y la existencia de una caja B en la formación para, entre otros destinos, repartir sobresueldos entre sus dirigentes.

Por supuesto, de dimitir del Gobierno, nada de nada, ellos que intentaban dar lecciones de moral pública a diestro y siniestro. Menos mal que en las últimas elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco casi nadie les votó. Es cuestión de higiene política.