Que a estas alturas no se hayan reabierto los restaurantes de las escuelas de hostelería de La Cónsula y La Fonda porque, se alega desde la Junta de Andalucía, no se ha encontrado la fórmula jurídica para hacerlo -parece que no se puede cobrar al ciudadano porque se trata de agencias públicas– produce sonrojo. Si a esto se une la muerte del CIO Mijas y las más de veinte nóminas que se deben a los profesionales de este centro de formación, nos hacemos una idea aproximada del grado de deterioro de estos servicios públicos tan relacionados con el turismo, nuestra principal industria.

Pasen los responsables autonómicos a esta mazmorra pública por los problemas creados y la falta de soluciones tan prolongada en el tiempo. Quizá aquí, en el silencio de estos muros, encuentren explicación a gestión tan nefasta.