El primer oro de las Indias procedía de San Cristóbal y de Cibao, en La Española, explotándose posteriormente algunas minas en Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Una vez agotados los placeres auríferos de las islas y algunas áreas del continente, en la década de los años treinta se encontró plata cerca de la ciudad de México y en Taxco, y yacimientos auríferos en el interior de Nueva Granada.

La década siguiente fue la de los hallazgos más importantes, los de las minas de plata de Potosí, hoy en Bolivia, y Zacatecas, en México, y la plata desplazó al oro como metal precioso en producción. Según cálculos de Haring, la América española produjo hasta 1560 oro y plata por valor de ciento cuarenta millones de pesos, lo cual supuso un 90% de las exportaciones indianas, y entre 1531 y 1700 estos porcentajes variaron entre un 90 y 99% del total.

Numerosos yacimientos de oro fueron descubiertos y explotados desde la primera época, tanto en depósitos sedimentarios en los lechos de los cursos fluviales como en vetas de cuarzo aurífero, en las Antillas, Nueva España, Chile, Perú, Veragua, Quito y Venezuela.

El área de Nueva Granada, la actual Colombia, fue el lugar donde se encontraron los más importantes y duraderos yacimientos auríferos de todo el continente, y se estima que allí se encontró la mitad del metal producido legalmente en las Indias. Por su ubicación geográfica, estaba conectada por el puerto de Cartagena de Indias.

Se ha estimado que de todo el oro en polvo producido, en cantidad muy importante y que circulaba sin acuñar, sus dos terceras partes no llegaron a pagar el quinto real. El oro producido y acuñado en el Nuevo Reino era doble, triple e incluso diez veces superior al que se enviaba a la Península.

Según Bakewell, si bien en las minas de plata situadas en las tierras altas la mortalidad de los negros era muy alta, en las minas de oro de las tierras bajas tenían una buena resistencia a los duros trabajos y a las enfermedades. Si bien a finales del siglo XVI suponían casi el 14% de los mineros de la Nueva España, su mayor concentración se dio en Nueva Granada en el siglo XVIII, donde en 1787 en las principales regiones auríferas había unos 17.000 de ellos ocupados en la minería.

No obstante lo anterior, parte de lo encontrado quedaba en su poder, por lo que con el tiempo un número muy importante de los esclavos negros dedicados a la minería del oro consiguieron comprar su libertad, y su número y los de los mulatos libres en esta actividad fue creciendo, superando en el momento de la independencia al de los esclavos.

La cantidad de oro producida en Nueva España nunca fue comparable a la de la plata, aunque se trabajaron diversas vetas en varias de sus provincias. Destacaron los placeres de las provincias de Sonora y Sinaloa, los más abundantes y duraderos, ya que, a principios del siglo XIX, seguían produciendo la mayor parte de los tejos de oro que se introducían en la Casa de la Moneda.

La explotación de las minas de plata y su reducción a metal precioso eran cedidas mediante concesiones a particulares, por un tiempo determinado y previo pago de una cantidad determinada.

Cualquier vasallo de la Corona, de cualquier condición, español o indio, podía descubrir y beneficiar los yacimientos de oro, plata, azogue u otros metales, por sí o por medio de sus asalariados, criados o esclavos, sin ningún tipo de impedimento, con obligación de comunicarlo al Gobernador y Oficiales reales, para obtener la oportuna licencia previa.

En un primer momento las minas fueron otorgadas a aquellos que las descubrían, tanto españoles como indígenas y sin distinción de sexo. A finales del siglo XVII la inmensa mayoría de ellas estaban en manos de criollos, debido a su transmisión hereditaria.

Este derecho no se reconocía a los funcionarios reales, que por razón de su cargo tenían incompatibilidad en la realización de actividades mineras. Esta prohibición alcanzaba a los Ministros, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y sus Tenientes Letrados, Alcaldes y Escribanos de minas, y a todos aquellos que tuviesen especial prohibición.

Los mineros y azogueros fueron especialmente protegidos por los monarcas, que exhortaban a las autoridades virreinales y locales a que les favoreciesen y protegiesen. Los virreyes venían obligados a suministrarles a precios justos los materiales necesarios para sus explotaciones y el beneficio de los metales.

Los juicios, causas y negocios en los que los mineros y azogueros fuesen parte debían despacharse en las Audiencias con celeridad, para que no interfiriesen en su actividades.

La necesidad del transporte de la plata y de abastecimiento de las áreas mineras fue determinante también para el tendido de la red de caminos en el territorio de las Indias.

En el virreinato novohispano se completará ya a finales del siglo XVI el llamado Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata, que unía la capital con Zacatecas, y que posteriormente se amplió hasta Santa Fe, actual capital de Nuevo México. Este trazado permitió también la fundación y pacificación de los territorios de Nuevo México, Texas y California. Otra importante vía será el Camino de Europa o Camino de los Virreyes, que unía la ciudad de México con Veracruz.

En el área septentrional del Virreinato de Nueva España los trabajos mineros fueron principalmente realizados por trabajadores procedentes de zonas más meridionales del territorio.

Mientras que en las minas de Zacatecas y Santa Eulalia en Chihuahua se consiguió llegar a un sistema laboral libre en los reales de minas, en el centro de México, y obviamente contrariando la tuitiva legislación hispana, no se llegó a conseguir del todo al menos hasta mediados del siglo XVIII.

La Corona envió a los virreyes Ordenanzas en las que se ordenaba que se indujese a españoles ociosos, mestizos, negros y mulatos libres a trabajar las minas. Se preveía también que los negros y mulatos libres que fuesen condenados a trabajos en ellas por los delitos que cometiesen. En tiempos de Carlos I se permitió a los indios trabajar por su propia voluntad y por un salario justo en las explotaciones mineras. Los encomenderos tenían prohibido llevar a sus indios a las minas de oro, plata o azogue, pero se daba licencia a los que quisieran para trabajar en las mismas, aunque fuesen propiedad de otros encomenderos.

En las explotaciones mineras continuó el sistema de trabajo forzoso remunerado, el conocido en Perú como mita de minas, que otorgaba ayudas económicas a los mitayos.

A los bajos salarios se unía la insalubridad del trabajo en las galerías, que hacía que numerosos indígenas enfermasen o incluso muriesen por los vapores del mercurio.

La mita era una fórmula vigente ya en época incaica como forma de reparto rotatorio del trabajo, y no debe considerarse como una obligación personal, sino que se trataba de un alistamiento territorial en virtud del cual una determinada zona venía obligada a facilitar a un número determinado de trabajadores para cumplir unos turnos de trabajo prefijados.

Al no tratarse de una obligación personal, la población de dichas comunidades comenzó a escapar a otras áreas o a las haciendas para evitar ser enviada a las minas. Estas mitas se adaptaron en un primer momento para la realización de trabajos tales como picar el mineral o acarrearlo.

En tiempos de Felipe II se legisló para su salud y que fuesen adoctrinados y protegidos legalmente, hubiese hospitales donde asistirles si caían enfermos, recibiesen bastimentos para su manutención y dicho trabajo fuese remunerado. De todo ello había de dar cuenta un veedor, encargado de que todos estos extremos se cumpliesen.

Tanto a los indios como a los esclavos se les había de administrar los sacramentos y debían ser asistidos por clérigos o religiosos, y el Prelado Diocesano venía obligado a que se les celebrase misa los domingos y fiestas de guardar.

Felipe II y sus sucesores dictaron normas en el sentido de que los salarios habían de ser justos, y que se debía pagar a los mitayos los viajes de ida y vuelta, a razón de cinco leguas por día.

A pesar del crecimiento de la mano de obra voluntaria, todavía en el siglo XVIII el sistema de la mita seguía operativo, gracias a la oposición del poderoso círculo de los propietarios de minas a su desmantelamiento. Su mantenimiento fue posible por la importancia estratégica del sector minero para la Real Hacienda, y a que la Corona prefirió no arriesgarse a dejar de percibir las escasas rentas que del mismo obtenía, y dependía.

Se conoce mal el volumen global de la población indígena, cercana al medio millón de hombres y mujeres afectadas en el área peruana. El duro trabajo, la falta de alimentos y el frío en una altitud por encima del óptimo al que sus organismos estaban adaptados, hace que se presuma que los muertos por motivo de estas actividades sumasen algunos millones.