Continúa el debate en el Congreso sobre la gestación subrogada, también conocida como de “vientres de alquiler”. La iniciativa para su regulación es de Ciudadanos. El Gobierno, PSOE y Podemos se oponen a la regulación.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo en el hemiciclo que hay que distinguir los deseos de los derechos: “El deseo de la paternidad no implica el derecho a la paternidad”. Para el Gobierno, según la ministra, “lo principal son los derechos de los niños, no de los padres.” Posición que no se mantiene en el caso del aborto.

La portavoz de la plataforma pro-vida Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha declarado que “el cuerpo de la mujer nunca debe ser objeto de mercadeo”, y subrayó que “los vientres de alquiler son una forma de esclavitud, por medio de la cual, la mujer se somete al control y a los deseos de un tercero que, durante nueve meses, la vigila y la somete a una forma de vida condicionada por ellos, a cambio de dinero.”