El Tribunal Constitucional dio el 26 de octubre un golpe casi definitivo al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como la plusvalía municipal. Declaró inconstitucional y, por lo tanto, nulos varios artículos que establecen cómo se calcula este tributo y que rigen cuando se hereda, se vende o se dona un inmueble. El impuesto supone para los ayuntamientos unos 2.500 millones de euros anuales. Pero ¿qué sucede ahora? La Administración se pone en marcha para no perder esta extracción de renta a los ciudadanos mediante el cambio del método de cálculo por Hacienda. Que el ciudadano vacíe sus bolsillos, ¡ar!