Rubén Amón en El Confidencial del pasado 21 de marzo: “¿Podría obligarnos el Estado español a movilizarnos a las armas? La Constitución menciona inequívocamente la obligación a defender la patria, pero las leyes son menos precisas respecto a la manera de entender semejante implicación. Incluidos los recientes retoques a una normativa de seguridad nacional que se concibieron en la psicosis de la pandemia y que aluden con cierta vaguedad al principio de las movilizaciones. Se habla de la «participación activa de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil» en situaciones de emergencia, pero no de una ley marcial al estilo de Ucrania que pondría en nuestras manos un fusil. Es más, la Constitución española reconoce el derecho a la objeción de conciencia”.