Pese al sentido de provisionalidad que rige en la política española al prorrogarse el tiempo de este Gobierno en funciones, crece el malestar por algunas decisiones que afectan a la marcha del Estado. Un ejemplo es el de Montoro, que ha pasado por encima de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó su propio Gobierno al no intervenir en Extremadura y Aragón, comunidades que han incumplido el plazo máximo de pago a proveedores desde septiembre de 2014 y pese a la inyección de dinero por parte del Fondo de Liquidez. La razón es que esos fondos y plazos están siendo usados como medida de presión política en estas semanas decisivas para la investidura del presidente del Gobierno. Riña sí, ma non troppo.