Contra lo que hubiera sido mi deseo, y dados los importantes sucedidos de estos días, tengo hoy que continuar mi columna de la pasada semana. En el aspecto puramente político del máster-no máster de la presidenta madrileña, está claro que la balanza se decanta por lo segundo. Pero sigo poniendo el interés principal en la Universidad en general, y en la Rey Juan Carlos en particular. Pedía en mi anterior escrito medidas rigurosas contra los profesores que hubieran estado involucrados; y, a mi entender, en ese asunto y en algunos otros, la Universidad ha estado pacata y falta de decisión para intentar limpiar el buen nombre de la institución. Y eso que siguen apareciendo casos de irregularidades, sobre todo en la misma Universidad. Afirmo que hay pocas medidas decisivas y valientes, y voy a intentar explicarlo, saliéndome acaso de mi contención habitual; pero es que el hecho es sangrante. Y lo voy a hacer denunciando a los protagonistas, que, en mi modesta apreciación, son al menos tres. La Conferencia de Rectores, tras una investigación, limitada por la no asistencia de los que no han querido declarar y se han atrincherado, o no, tras diversos increíbles motivos, ha resultado cobarde y corporativa y se ha escudado en la fiscalía, cuando esta se ocupa de los posibles delitos, pero los actos académicos son de su incumbencia, aunque no puedan decidir y solo recomendar. El rector es, como poco, incompetente, ya que primero dio, precipitadamente, una versión y luego otra diferente; y por tanto ha quedado en duda su proceder. Además, la propia Universidad ha tomado cortas medidas, como suspender provisionalmente al catedrático más responsable y a su particular Instituto, que es más que sospechoso de corrupción. Y a alguna funcionaria, que pudo perpetrar delito. Pero no a profesoras que también lo hicieron y con más gravedad; ni retirar el título de un máster, que, evidentemente, no se cursó. Y, por otra parte, las declaraciones del ministro de Educación, que es de quien depende la Universidad en general, han sido partidistas y, si bien aquí no tiene potestad para decidir, al menos sí puede condenar el hecho sin paliativos. Sigo cada vez más indignado por muchos motivos. He pasado media vida en la Universidad cursando dos licenciaturas y un doctorado, y luego como profesor de la Universidad de Málaga y de la Uned. Estoy, por tanto, estimo, capacitado para indignarme así, y pedir que se devuelva, al menos en parte, el prestigio a la Universidad con medidas mucho más ejemplares, en que las dependencias económicas y políticas no tengan peso para la toma de decisiones por parte de las autoridades universitarias, como tal parece que ha acontecido. Richerdios.