Esta es la época en que más proliferan los incendios forestales. Hace unos días hubo uno terrible que alcanzó el Parque Doñana, y parece ser que la culpable, una empresa minera, ha sido detectada. La gran mayoría de estos ardimientos son provocados, una pequeña parte se debe a negligencias, y los menos lo son por elementos naturales como el rayo. Desde hace algún tiempo proliferan y aumentan en proporción los que tienen la mano del hombre detrás. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? Creo que en gran parte a que hubo una reforma de la Ley de Montes, que se llevó a cabo hace unos dos años, y que contemplaba la posibilidad de que las autonomías recalificaran zonas forestales quemadas «cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden». Se requeriría que, bien los parlamentos autónomos, bien el Congreso, recojan en una ley esas razones de interés público, que no se aclaran ni especifican en la reforma de la Ley de Montes. Con las salvedades de rigor, estimo que esa modificación abrió la puerta a muchos intereses espurios, que en los incendios tienen grandes posibilidades de beneficiarse con la recalificación de algunos de tales terrenos. No creo que haya tantos pirómanos, pues es raro el incendio que, al ser investigado, no resulte provocado por manos humanas. Y eso es fácil de detectar cuando hay varios puntos en que el siniestro ha comenzado o se han utilizado elementos que lo han originado y que pueden ser descubiertos una vez extinguidas las llamas. Una muestra más de corrupción, o como lo queramos llamar; de atentado contra los bienes públicos por parte de aquellos que se quieren enriquecer ilícitamente, con o sin ayuda pública, sin pensar en las consecuencias: montes, casas y a veces vidas destruidas. Richerdios.