El referéndum del día 23 de junio de 2016 en el Reino Unido otorgó la victoria de la salida de la UE originando incógnitas que en estos años se han ido difuminando. La fecha del 31 de octubre de un Brexit sin acuerdo parece inexorable.

El nuevo primer ministro británico, Johnson, está a favor de una salida sin acuerdo, y el Parlamento había aprobado en el mes de julio una cláusula destinada a impedir la suspensión del Parlamento para forzar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, si para entonces el Reino Unido no tiene un pacto con la Unión Europea. ¿Qué vías tienen en estos momentos los opositores a Johnson y a su propósito de impulsar el Brexit el 31 de octubre? Varias, y todas ellas son complejas.

La Orden Permanente número 24. Esta era la opción manejada por laboristas y el resto de los grupos de la oposición, junto con un puñado de conservadores moderados, para frenar por la vía legal un Brexit sin acuerdo. Con los planes actuales de Johnson, el Parlamento no se volverá a reunir hasta el día 3 de septiembre y se disolverá el día 10.

La moción de censura. Es la única vía para impedir que al Parlamento se le corte la voz, y debería ser a partir del 4 de septiembre. La nueva Ley del Mandato Parlamentario Fijo, de 2011, una moción de censura con éxito abre un plazo de 14 días para que se intente formar un nuevo Gobierno.

La prerrogativa de Isabel II de disolver las Cámaras es una de las pocas que se escapa del control judicial. Lo que se impugnaría ante los tribunales no sería la decisión de la monarca, sino el consejo del Gobierno. La base jurídica sería la manifiesta mala fe mostrada al clausurar el Parlamento para acallar la voz de los diputados y saltarse su soberanía en un asunto de tal trascendencia constitucional como es el Brexit.

El forzar la desconexión unilateral de la UE ya tiene consecuencias para la sociedad británica y las cuatro naciones que integran el país. El Brexit ha unido a laboristas, independentistas escoceses y galeses.  Los laboristas irán a las elecciones con el compromiso de una “alianza progresista” en la que los nacionalistas de Escocia darían su apoyo al líder socialista a cambio de un segundo referéndum de independencia. Una bomba política a favor de Johnson.

El Producto Interior Bruto (PIB) británico ha caído un 0,2  por ciento en el segundo trimestre del año, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales. Se trata de la primera contracción de la economía británica desde 2012 y la libra ha bajado un 0,3 por ciento, a 1,081 euros, cerca del mínimo de hace dos años. En el segundo trimestre la inversión descendió un 0,5 por ciento y supone una caída del 1,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. Además, el sector servicios apenas aportó un 0,1 por ciento al PIB mientras que los sectores industriales y de la construcción disminuyeron un 1,4 por ciento y un 1,3 por ciento, respectivamente.  Todos estos factores combinados empujan la economía hacia la recesión. Y la última encuesta de YouGov, apunta a que los votantes ‘tories’ estarían dispuestos a la fractura del país con tal de conseguir el Brexit.

Un cambio llamativo se ha producido seguramente en la administración pública. Según el think tank británico Institute for Government, el incremento en la plantilla de empleados públicos se ha producido de forma más intensa dese el año 2016 en los puestos de dirección, lo que tiene importantes efectos: en primer lugar, la renta media de los funcionarios se aleja aún más de la del resto del país, y el empleo público pasa a estar (aún) más centralizado en Londres. Mientras el Brexit ha sido interpretado como una reacción de las periferias depauperadas, de las áreas rurales y los antiguos centros industriales, por el momento éste se ha traducido en una concentración del empleo público en Londres.

En el selecto New York Athletic Club de Manhattan en Nueva York hubo hace semanas la presentación de “World4Brexit” (W4B), un lobby para recaudar fondos para asegurar que el Reino Unido saldrá de la UE sin ningún tipo de pacto que le obligue a seguir la regulación comunitaria. W4B está registrado en Estados Unidos y no tiene que acatar la legislación británica que obliga a hacer pública la identidad de los donantes para las causas políticas.

Un Brexit duro implicaría cambios sustanciales en las relaciones de España con Reino Unido, más allá del comercio. En una reciente entrevista a Business Insider, Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano y coautor del informe España ante el Brexit, lo describía así: «En lugar de la libre circulación actual, harían falta visados específicos para que los españoles pudieran trabajar en Reino Unido (…). Algo similar sucedería con los acuerdos de colaboración entre países en ámbitos educacionales”.

Un total de 24 entidades bancarias, con alrededor de 1,3 billones de euros en activos, se trasladarán desde Londres a la zona euro a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, según informa el Banco Central Europeo. Los datos de la relación entre Gran Bretaña y España que pueden verse modificados son:

– Inversiones. El stock de inversiones británicas ascendía en 2014 a 37.670 millones de euros.

– Compra de vivienda. El 21,34 por ciento de las compras de vivienda por parte de extranjeros se corresponde con ciudadanos británicos.

– Contribución a la UE. 900 millones de euros adicionales al Presupuesto de la UE, según los cálculos del Gobierno y del Círculo de Empresarios.

– Comercio español con Reino Unido. El saldo comercial es positivo en 5.647 millones y en términos de bienes y servicios, el superávit de España suma el 1,3 por ciento del PIB en 2015.

– Turismo. Reino Unido es el que genera más visitantes con más de 16 millones de turistas.

– Sector inmobiliario. Según el Colegio de Registradores, en la estadística trimestral se constata una ralentización británica que ha caído del 24 por ciento del total extranjero.

El comercio con el Reino Unido supone para España un beneficio neto que supera los 11.000 millones de euros al año. La aviación, la industria automovilística y la alimentaria y farmacéutica serían las más afectadas en lo que se refiere a exportaciones españolas. Un reciente informe del «World Travel & Tourism Council«, el 16 por ciento de toda la economía española proviene del sector de los viajes y sus vinculaciones. Según el estudio de KPMG “La empresa española ante el Brexit”, ocho de cada diez empresas (78 por ciento) no tienen todavía un plan de contingencia para hacer frente a las consecuencias del Brexit.

El 19 de diciembre de 2018 la Comisión Europea adoptó su Comunicación sobre la aplicación del Plan de Acción de Contingencia. Por su parte, el Consejo de Ministros, el 11 de enero de 2019, adoptó el Plan de Contingencia Español, y posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. El Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros su Plan nacional ante el Brexit, ratificado el pasado mes de abril por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El decreto presta especial atención al Campo de Gibraltar y entre las medidas previstas, garantiza la posibilidad de los trabajadores transfronterizos de acceder a prestaciones por desempleo en España por el periodo trabajado en Gibraltar en caso de una salida abrupta de Reino Unido de la Unión Europea. Además, busca preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales entre España y el Reino Unido y defender los intereses económicos del país.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, por tener en el Reino Unido el principal mercado emisor de turistas es una región especialmente afectada, siendo esta incidencia mayor en el Campo de Gibraltar. Por el Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, aprobó la formulación de un Programa de Medidas de Preparación ante el Brexit. Recientemente, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha anunciado que el Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante el Brexit, está finalizado y contempla un total de 50 medidas. Así, se incluyen seis medidas de promoción; 11 medidas de información; 11 medidas de seguimiento; nueve medidas de requerimiento a otras administraciones; y cinco más de carácter específico. El Gobierno autonómico mantiene un Comité de Análisis con representantes de todas las consejerías para plantear medidas de contingencia con las que afrontar los efectos en toda la región, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar.

Las consecuencias dependerán de si hay brexit duro. Una separación caótica afectará al empleo en España de forma negativa, y a Gran Bretaña aún más, con consecuencias políticas y territoriales impredecibles.