El trabajo y la responsabilidad de los gobernantes y, por qué no decirlo, también de los economistas, es la de ser capaces de anticiparse a las consecuencias que el parón sin precedentes de la economía mundial sometida a periodos, de duración aún indeterminada, de confinamiento de sus ciudadanos va a producir sobre la economía.
Pero el verdadero riesgo no es prever el comportamiento en el periodo de confinamiento propiamente dicho, sino cómo va a reaccionar la sociedad a los principales parámetros de las relaciones económicas tras la solución sanitaria a la pandemia, es decir, el consumo privado, la inversión, el ahorro, el gasto público, los ingresos públicos, las exportaciones y las importaciones y cómo esto va a trasladarse a las economías familiares.
Estos análisis deberían focalizar gran parte de los esfuerzos de los agentes implicados, porque de la prevención y anticipación a sus más perniciosos efectos dependerá la supervivencia del sistema de capitalismo global de las democracias occidentales que ha permitido el mayor nivel de bienestar de los habitantes del planeta desde la creación del mundo, solo hay que estudiar las cifras de esperanzas de vida, y calidad de vida de todos, para darse cuenta de que siendo un sistema imperfecto no ha habido, de momento, suerte mejor para los ciudadanos de cualquier país que nacer en un país occidental, democrático y capitalista en los últimos cincuenta años.
Si tratamos de ver los efectos sobre el gasto público de las sociedades tendremos dos vertientes, una primera que serán los gastos sanitarios que habrán de afrontar los estados para atender a sus ciudadanos infectados y las dotaciones a sus sistemas sanitarios en la pandemia. Ya hay estudios que cuantifican el coste aproximado de estas medidas en un país occidental entre un 50 por ciento al 75 por ciento de su gasto sanitario de cada país; esta cifra analizada fríamente podría suponer un incremento proporcional de los déficits públicos y de las deudas de los países. Parece que, al menos en los países desarrollados, aun soportando altas tasas de endeudamiento en la actualidad pueden ser fácilmente asumibles dadas las circunstancias; ahora bien, qué ocurre con los países en desarrollo o los pobres, la atención sanitaria a los mismos va suponer un esfuerzo inasumible para muchos de estos países a los que la humanidad no debe ni puede abandonar en estos momentos, y van a requerir un esfuerzo suplementario coordinado de todos los países desarrollados porque, además, es probable que sin esta colaboración sea casi imposible acabar definitivamente con la amenaza del COVID -19.
Para hacernos una idea del coste del que estamos hablando, en caso de alcanzar un incremento del déficit del 3 por ciento en España, y un aumento proporcional de la deuda, supondría que la deuda pública se incrementaría a unos 35 mil millones de euros, o lo que es lo mismo unos 750 euros por español, o un incremento de impuestos de unos 1.800 euros de golpe por contribuyente (si continuasen los 19,5 millones de contribuyentes españoles, cosa que dudo).
Hasta aquí el efecto de cada trabajador no afectado, privado o público, vendrá determinado por la vía de los impuestos presentes o futuros en función de sus impuestos.
Pero el segundo efecto, mucho más preocupante, sobre las cuentas públicas vendrá determinado por los gastos que el Estado deberá asumir para poder atender las necesidades de sus ciudadanos tras el confinamiento. Me he permitido realizar un estudio en el que observo que la prolongación de un mes del estado de confinamiento llevará a la inactividad (en términos de no producir ) a 1,35 millones de trabajadores por cuenta ajena y 350.000 autónomos, pero si se ampliase a dos meses esta cifra aumentaría a 6,55 millones por cuenta ajena y 1,850 millones de autónomos, lo que significaría el 44 por ciento de los trabajadores en activo y el 57 por ciento de los autónomos, sin contar los empleados del sector público, y eso sin llegar a un cierre de actividad total.
Pero lo realmente difícil vendrá a partir de ese momento, cuando haya que recuperar la actividad, ya que hay que reiniciar la economía y conseguir recuperar lo antes posible el nivel de actividad y empleo anterior a la crisis; hay que tener en cuenta que aunque se viene diciendo que existirá un efecto rebote inmediato del consumo, no olvidemos que esto dependerá no solo de nuestra recuperación del mercado nacional sino de la recuperación global.
Los ciudadanos que vean afectados su nivel de ingresos como consecuencia de la crisis reclamarán la actuación y compensación del Estado, que tendrá que actuar para evitar el colapso económico y social del país. Y el grado de afectación de los ciudadanos no va a ser equivalente.
Así:
1. Los empleados públicos o los no afectados por ERTES, “sólo” se verán afectados por los impuestos.
- Los trabajadores afectados por ERTES, además, tendrán que compensar el 30 por ciento de la pérdida de los sueldos durante la cuarentena. Supongamos dos meses y medio, siendo un sueldo medio en España de 23.800 euros al año estamos hablando de 1,500 euros de pérdida, además de los impuestos.
- Si, además, no has sido contratado o renovado por tener un contrato temporal puede ser que tu nivel de afectación sea mayor, pudiendo perder hasta entre 1.500 euros y los 3.000 euros si no tienes derecho a paro hasta encontrar otro empleo.
- El autónomo perderá no sólo lo que no recibirá de ingresos, sino las pérdidas que tendrá que asumir del cierre, como las del descenso de actividad posterior asociado a la actividad. Las ayudas programadas de momento contemplan evitar que el empresario o autónomo cierre o despida en el periodo de confinamiento, pero qué va a pasar cuando abra las puertas con una estructura de costes preparada para una demanda muy superior a nueva circunstancias, ya que además todo parece que la libertad de desplazamientos y hábitos de consumo será progresiva (un bar que solo puede disponer de una de cada cuatro mesas, las discotecas que reducirán aforo, el cine que causará temor hasta la desaparición del virus, los automóviles que no se usarán tanto y se comprarán menos, por poner algunos ejemplos).
He realizado, un cálculo si la situación se extiende hasta final de abril un autónomo con tres trabajadores y un bar (modelo típico de negocio en España ) podría perder, como mínimo, unos 12.800 euros, además de ser contribuyente, pero si dura hasta final de mayo las pérdidas mínimas serían de casi 18.000 euros, y eso siendo optimistas y pensando que la recuperación llegue en seis meses.
Por lo tanto, el coste de la crisis para el Estado aumentará proporcionalmente mientras no sea capaz de recuperar la actividad económica hasta un nivel que permita equilibrar las cuentas públicas, objetivo que a medio plazo ha de ser observado como primordial, porque el desequilibrio inicial creado en esta situación puede ser insostenible para el Estado durante mucho tiempo. Habrá que cuantificar el coste social del confinamiento, por un lado, y el coste social de la reactivación por otro.
En el periodo de confinamiento el Estado tendrá que compensar todos los costes de los trabajadores afectados por ERTES, además de compensar a aquellos que no puedan pagar sus deudas como consecuencia del cierre forzoso de su actividad. Las líneas abiertas hasta el momento se antojan del todo insuficientes y diseñadas para un paro de sólo un mes, éstas aunque ofrecen posibilidades de financiación podrán suponer un coste al Estado de unos 10.000 millones de euros, pero las posibilidades de ampliar los periodos e intensidad de la cuarentena aplicable en el país hace prever una necesidad de actuación muy superior.
De hecho, en el caso de continuar con este estado de confinamiento, el coste del Estado no sería de extrañar que se incrementase a 20.000 millones mensuales, y si el confinamiento fuese total podría alcanzar los 30.000 millones mensuales.
Además, el riesgo de perder el tejido productivo de empleadores en España es tremendo, porque a la dificultad de reiniciar las actividades económicas en un entorno donde los consumidores dispondrán de un menor poder adquisitivo al haberse visto afectados por la merma en sus ingresos, se sumará la incertidumbre sobre el periodo de recuperación que retraerá el consumo sobre productos no esenciales y existirá un fenómeno desconocido hasta la fecha derivado de los posibles cambios de hábitos del consumidor como adaptación a compras de nuevas tecnologías, reducción de consumos en bares y restaurantes, retraimiento a los viajes, etc. que actualmente no podemos evaluar. Es decir, que cada mes de confinamiento puede suponer un incremento del 20.000 millones de gasto social mensual.
Pero esta es solo la mitad del efecto sobre las cuentas públicas, porque también se encuentra el efecto sobre los ingresos públicos. El Estado ingresa a grandes números unos 514.000 millones de euros, de los cuales 140.000 son cotizaciones y el resto impuestos, en el caso de la reducción de la actividad. Y si prorrateamos los 42.000 millones mensuales de ingresos el problema es cuál puede ser la caída de ingresos que el parón genere; en caso del confinamiento, las cotizaciones pueden reducirse de 12.000 a 6.000 millones prácticamente a partir del primer mes, y el efecto en la recaudación por impuestos puede ser considerable, pero el problema sigue siendo que el desequilibrio continúe una vez reanudada la normalidad.
Es decir, que a partir del primer mes el Estado puede perder de 20.000 a 28.000 millones de euros mensuales por recaudación. El problema puede ser que por querer evitar que, a corto plazo, aumente el déficit público nos olvidemos de ayudar a los pequeños empresarios y autónomos, de los cuales depende el 66 por ciento del empleo en España.
En el caso de que no se consiga la incentivación del 40 por ciento de estos pequeños empresarios para poder reiniciar su actividad, las pérdidas de puestos de trabajo puede ser de casi cinco millones de empleos de forma definitiva.
No podemos perder de vista las circunstancias que se van a producir en el entorno de esas fechas: hundimiento del turismo exterior, la casi desaparición de las rutas comerciales de vuelo que habrá que volver a conectar, la modificación de las conductas de consumo y de trabajo, el aumento del teletrabajo de forma definitiva… Todas estas incertidumbres van a significar cambios profundos en la sociedad que no podemos permitir que interfieran con el objetivo principal de volver al menos al equilibrio y huir de soluciones experimentales o idealistas.
Si esto es así, el desequilibrio presupuestario mensual convertiría el Estado de bienestar español en inviable.
Mis conclusiones.
- Bajo mi punto de vista el gobierno debe actuar desde el punto sanitario, social y fiscal por todo el periodo de confinamiento con todos los recursos que se necesiten. El coste de estas ayudas distribuidas eficazmente supondrían un incremento de unos 25.000 millones en sanidad, 50.000, millones en ayudas sociales a particulares y empresas, un descenso de ingresos de cotizaciones de unos 12.000 millones de euros, y una pérdidas de ingresos por recaudación de unos 50.000 millones.
- A partir del segundo mes, el esfuerzo debe concentrarse en recuperar la actividad empresarial y productiva del país destinando unas ayudas adicionales a autónomos y empresas de 10.000 millones mensuales, al menos, mientras no se consiga recuperar el nivel de empleo. Todo ello a fin de paliar las pérdidas producidas en los meses venideros a los empresarios y comerciantes por el inevitable descenso del consumo, el turismo y las importaciones.
- De realizarse de esta forma será posible salvar la mayor parte del tejido empresarial y productivo y a final del año podemos encontrarnos con una situación global de haber incrementado el déficit público en unos 250.000 millones de euros, pero recuperar el nivel de empleo e ingresos públicos por recaudación y poder afrontar el año 2021 como un año de replanteamiento de las cargas del Estado.
- De no producirse una acción contundente del Gobierno a partir de la reapertura de los negocios, se producirá de forma inexorable el paulatino cierre y abandono de actividad de gran parte del tejido productivo. El aumento de los impuestos solo agravaría estas circunstancias. Esto, aunque no incremente el gasto público directamente, lo hará por el aumento del déficit de la Seguridad Social asociado a la destrucción del empleo y las prestaciones por desempleo asociadas, por un lado, y por el descenso de recaudación por la bajada de actividad, por otra parte. La consecuencia sería que a fin de 2020, la sociedad se encontraría como mínimo con un déficit de 230.000 millones pero con casi 5 millones de parados más en caso de no intervenir y una situación desesperada desde el punto de vista del equilibrio presupuestario de ingresos y gastos públicos de cara a 2021.