Uno lo que espera en un Estado de Derecho es que se respeten los controles internos del Estado que salvaguardan la legalidad de las decisiones que se adopten. Pero eso en un Estado de Derecho pleno, no agujereado como un roquefort. Y es que el Ministerio de Hacienda prescindió de consultar a la Intervención General del Estado para gestionar los fondos europeos, ya que recortaría el control gubernamental, y pese a la opinión del Consejo de Estado. Pero eso a este Gobierno le importa un rábano. De ahí nuestra queja, de un Gobierno que campa a sus anchas y sin rubor alguno de saltarse cualquier limitación a sus actuaciones. Pero no hay que alarmarse, van a más.