Ahora, el impago de pensiones también va a ser considerado violencia contra la mujer, porque serviría al supuesto agresor para perpetuarse en una posición de control que contribuiría a empobrecer a su ex pareja, someterla a estrés psicológico e, incluso, aumentaría la vulnerabilidad de sus hijos. El argumentario es político y discriminatorio, porque cabría aducir que pagarla empobrece al marido, aumenta su vulnerabilidad, etc., otra cosa es que el ex -que siempre será hombre- tiene la obligación legal de pagar la pensión y las leyes están para cumplirlas, pero sin artificios literario-ideológicos y de mala factura, como ahora se pretende.

De hecho, el Ministerio del Interior ha computado la violencia económica como uno de los ejes que conforman un informe sobre la violencia machista con denuncias que van de 2015 a 2019. El hecho es que el mercado de votos de la mujer y las políticas de género inspiradas por la ideología radical feminista, que culpabilizan al hombre por el mero hecho de serlo, se anteponen a cualquier consideración.