Ciento treinta países han firmado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reforma del sistema fiscal internacional que incluye un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades a nivel global del 15 por ciento. El secretario general del organismo, Mathias Cormann dijo: “Este paquete no elimina la competencia a nivel fiscal, y no debería, pero marca unas limitaciones multilaterales acordadas”. Esta decisión regirá en 2023. El acuerdo ataja los problemas derivados de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de grandes empresas a jurisdicciones con una baja fiscalidad, lo que es perfectamente lícito y debería ser obligación de todas las empresas. El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10 por ciento, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. El marco fiscal asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Posteriormente, los beneficios por encima de ese 10 por ciento hasta un 30 por ciento máximo se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos al impuesto. El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global, e incluye que el tipo mínimo de los impuestos sobre Sociedades sea del 15 por ciento en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo. El globalismo da sus pasos y pretende unificar las políticas nacionales sin respetar la soberanía nacional en cuestiones económicas como esta y en otras que no lo son en absoluto.