Tras pasar solo 48 horas en dependencias policiales, nueve detenidos en una operación de la Guardia Civil del pasado 28 de octubre contra empresarios y profesionales de la política que formaban, presuntamente, la dirección que comanda el ex presidente catalán Carles Puigdemont fueron puestos en libertad con gran enfado de miembros de la propia Guardia Civil. Solo fueron nueve, de un total de 21 arrestados, los que comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Todos se negaron a declarar, y aún así están en libertad. La Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar, pese a que se les imputa los delitos de soborno, malversación de caudales públicos, prevaricación y desórdenes públicos, entre otros.
A lo anterior se une la sentencia de la Audiencia Nacional -con voto particular en contra de la presidenta de la sala- en el caso del ex máximo responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, también con fuerte desazón personal de los miembros de la Guardia Civil que sufrieron su deslealtad cuando el referéndum ilegal del procés.
Numerosos guardias civiles creen que se trata de una desautorización a su trabajo y que muchos de los datos que sostienen los jueces no se ajustan a la realidad. Según consta en un informe, que obra en poder del diario El Mundo, en el punto 1 de hechos probados se dice que el suceso objeto de juicio tuvo lugar en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Los investigadores aseguran que la investigación empieza en 2015 “cuando el Parlamento de Cataluña se declara soberano y el TC dice que inconstitucional”. Cuando ni en las fechas se ponen de acuerdo investigadores y juzgadores es para preocuparse. Pero somos los ciudadanos los que podemos y debemos preocuparnos si entendemos que detrás de estas malas noticias -la libertad de sediciosos y golpistas siempre es una mala noticia para los demócratas- está, en cuanto a la Fiscalía General del Estado se refiere, la larga mano del Gobierno, cuya titular se sentaba en el banco azul hace solo unos meses. Buenas nuevas pues para los independentistas y malas para los que entendemos el Estado de derecho sostenido por poderes independientes. Desde luego, la Guardia Civil hizo, nuevamente, un inestimable trabajo.