Vicente Almenara.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha beneficiado a fuerzas enemigas del Estado, Bildu y ERC, sin ningún escrúpulo y todo para retener el poder. Pero también el sanchismo abusa de decretos para salir del pozo de su falta de mayoría, o politiza la Fiscalía General con Dolores Delgado o…, incluye en la comisión de secretos oficiales, precisamente, a quienes han podido ser investigados por constituir un peligro para la democracia española. Y es que el Gobierno escogió como socios a los mismos partidos que ahora se saben vigilados por representar eso, una amenaza. Son los golpistas catalanes y los hijos políticos de ETA. Es otra humillación, esta post mortem, una más, de la banda asesina a su odiada democracia, a la que trató de destruir desde el primer día.

En un país democrático normal cuando un presidente se ve sin apoyos parlamentarios debe disolver las cámaras y convocar elecciones, pero Sánchez no, quiere el poder aunque sea al precio de ceder al chantaje de los enemigos de España. Así una y otra vez, sean los indultos a los sediciosos catalanes, el acercamiento de presos al País Vasco y Navarra, la vulneración de las sentencias judiciales sobre el 25 por ciento de español en las aulas de Cataluña y un interminable etcétera. A cambio, en el caso vasco, Bildu ha apoyado al gobierno en la cuarta prórroga del estado de alarma, absteniéndose;  en el decreto de los fondos europeos y en el decreto del fin del estado de alarma, por ejemplo.

Y ahora, el CatalanGate, cuando el independentismo catalán ha emprendía la enésima campaña de descrédito de España, asemejándola al régimen de Putin, del que el círculo del huido Puigdemont, curiosamente, es tan amigo. Desde luego, si se espió a esos 65 catalanes y vascos se hizo bien, y si no se hizo se debió de hacerlo para defender el Estado de sus enemigos, lo que se corresponde como anillo al dedo con los objetivos constitucionales del CNI.

Las entidades Ómnium y ANC, que asaltaron la democracia en 2017, están detrás desde hace al menos cuatro meses del informe de Citizen Lab y The New Yorker. La ANC, según el medio catalán Triangle, registró el portal catalángate.cat, que a su vez está alojado en la web dialoge-forcatatalonia.com, cuyo titular es Ómnium. Las dos entidades separatistas anticiparon así el título utilizado después por la Universidad de Toronto, catalangate. No se olvide que la cuenta de Twitter de la campaña de denuncias separatistas se creó en 2012, tiene más de 180.000 seguidores y anteriormente fue empleando otros nombres adaptándose a las acciones de ANC y Ómnium. A las pocas horas de que The New Yorker publicara su artículo -el autor es Ronan Farrow, el hijo de Woody Allen, al que acusa de haber abusado de su hermana-, la entidad Ómnium tenía ya editado y listo para publicar un video de denuncia bajo el título de Destapemos el catalángate. El autor del reportaje, más activista que periodista, impregna su texto con la retórica habitual del independentismo y habla de opresión del Estado y otros lugares comunes del golpismo catalán, sin citar que muchos de los espiados eran investigados por causa judiciales.

Un personaje que merece seguimiento es Elies Campo, un empresario tecnológico y también activista por la independencia, en su triple condición de supuesta víctima del espionaje, coautor de la investigación de Citizen Lab, que sólo analizó móviles de independentistas y no de otros políticos catalanes, y fuente del reportaje. Campos trabajó en Telegram y en WhatsApp y es el segundo firmante del texto de Citizen Lab. Un dato a tener en cuenta es que su mujer vendió su empresa a Google por 1.000 millones de dólares, lo que facilita sus hobbys separatistas.

Los que ahora le hacen chantaje al Gobierno, en 2017 sustrajeron información confidencial de varias bases de datos oficiales para la creación del censo ilegal del referéndum del 1 de octubre, y en agosto de 2018 bloquearon una comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto espionaje de los mozos a políticos y periodistas constitucionalistas, sin ningún empacho, claro.

La inteligencia española compró a principios de 2016, el software espía Pegasus de la compañía israelí NSO Group coincidiendo con la llegada de Carlos Puigdemont a la presidencia de la Generalidad. Pero la mayoría de los pinchazos a los políticos soberanistas se produjo después de la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019 y en plena negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El CNI habría comenzado a usar este sistema con moderación, por su alto coste, ya en el otoño de 2016, un año antes del referéndum de 1-O. España fue el primer Estado europeo en contratar los servicios de NSO. La licencia de compra de Pegasus superó los 5 millones de euros. El CNI en España, según la ley orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del Centro, solo puede intervenir comunicaciones para el cumplimiento de las funciones asignadas al organismo y siempre con autorización previa de un magistrado del Supremo, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. El juez, en un plazo máximo de 72 horas, tiene que aprobar o rechazar la petición del pinchazo, que tendrá un plazo máximo de tres meses, aunque podrá ser prorrogado. El CNI recurrió en 2016 a NSO después de abandonar precipitadamente, según se cree, los servicios del sistema espía italiano Hacking Team, que también utilizaba el Ministerio del Interior. Coincidiendo con la crisis de Hacking Team por la filtración de WikiLeaks, Citizen Lab aseguró haber identificado a un “presunto cliente español” de Finfinsher, otro sofisticado spyware, de los que se venden exclusivamente a los gobiernos con fines de Inteligencia.

La llegada de Pegasus al CNI se produjo unos meses después de la remodelación interna de este. En 2015, el director del Centro, Félix Sanz Roldán, mediante una orden comunicada, reservada, y que todavía tiene su contenido bajo secreto, modificó la estructura orgánica del CNI para crear la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, que se constituyó a raíz de las conductas presuntamente irregulares del Rey Emérito, pero pronto buena parte de su personal fue adscrito a la investigación del movimiento independentista.

A través de Pegasus es posible acceder a fotografías, documentos y mensajes, aunque estén encriptados por Telegram o WhatsApp; también permite grabar conversaciones y videos activando por control remoto las cámaras y micrófonos de los dispositivos, puede transmitir el audio de conversaciones privadas o realizar capturas de pantallas, revisar el historial de navegación y acceder a los archivos guardados en las nubes, aunque la principal novedad respecto a los tradicionales programas de espionaje es que no requiere ninguna acción de los usuarios y puede infectar un teléfono móvil a través de una llamada o un mensaje sin necesidad de contestar o abrir ningún archivo. Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado cuentan con SITEL, sistema integrado de interceptación telefónica, para escuchas telefónicas acordadas judicialmente. Según NSO, solo pueden comprar Pegasus algunos gobiernos democráticos con el fin de perseguir criminales o detectar posibles amenazas terroristas, pero, según algunas fuentes, en la práctica se usa también para espiar a ejecutivos, políticos o periodistas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reclamó el pasado 20 de abril que se constituya de una vez por todas la comisión de secretos oficiales -que en realidad se llama Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados-, para que los grupos parlamentarios puedan recibir la información que demandan sobre el CNI. Por primera vez desde su creación en 1995, la comisión de secretos oficiales del Congreso contará con un miembro de Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurúa, que tuvo los votos de 186 diputados, suficientes gracias a la reforma de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para que la mayoría exigible sea la absoluta, 176 votos, en vez de los tres quintos, 210, establecidos en 2004. Curiosamente, las fuerzas independentistas no habían mostrado interés por pertenecer a una comisión en la que más allá de “cuatro chascarrillos”, en palabras de Gabriel Rufián, no se proporciona información sensible.

Se ha publicado que el CNI obtuvo el permiso del juez del Tribunal Supremo en el otoño de 2019, para espiar con Pegasus a líderes y activistas de Tsunámic Democratic, la misteriosa plataforma creada en septiembre de ese año muy poco antes de conocerse la sentencia del procés y que los servicios de Inteligencia españoles sospechaban con injerencias rusas. El espionaje habría sido llevado a cabo a los políticos catalanes y vascos usando el malware israelí entre 2017 y 2020. Los pinchazos de Pegasus coincidieron con citas estratégicas del independentismo.

El intento de asalto el 14 de octubre de 2019 al aeropuerto barcelonés de El Prat, después de un llamamiento de la plataforma a través de Telegram y Twitter fue el hecho más destacado de dicha asociación subversiva. La sofisticación de los sistemas tecnológicos usados y los “indicios sólidos” de que los rusos se estaban entrometiendo en esta crisis fueron los motivos que empujaron al CNI a pedir el aval de juez para hackear los móviles de los activistas, con lo que no habrían hecho más que cumplir con sus funciones.

La presidenta del Congreso cambió el pasado 26 de abril las normas para asegurar la entrada de ERC y Bildu en la comisión de secretos oficiales, sorteando así el veto que PP, Vox y Ciudadanos ejercen sobre estos partidos, lo que acaba con 36 años en los que ha sido necesario el voto del PSOE y el PP para la elección de los miembros que entran en dicha comisión. Hasta ahora, la norma dictaba que se necesitaban dos tercios, 210 votos, hoy basta con la mayoría absoluta, 176. El diputado de ERC Joan Tardá ya estuvo en el pasado en la comisión de secretos oficiales. Batet justifica que las diferentes modificaciones sobre los secretos oficiales de 1987, 1992 y 2004, tenían por finalidad “posibilitar el pluralismo político”. En realidad, con la norma hasta ahora en vigor, la de 2004, ya se contemplaba que todos los grupos tuvieran acceso, pero debían generar el consenso de los dos tercios del Congreso. Manuel Marín -ya fallecido y que fue también presidente de la Cámara- abrió la comisión a todos tras levantar el veto que desde 1992 se había puesto al Grupo Mixto puesto que en él estaba Herri Batasuna, en 1986 el acceso a la comisión era para solo tres partidos y fue en 1992, cuando se amplió a los demás grupos.

La Generalidad reclamó el pasado 26 de abril al gobierno “maniatar” al CNI para evitar que pueda controlar las tentativas independentistas, aprobando una resolución por la que exige al Gobierno que la reforma de la ley de secretos oficiales de 1968 incida también en la regulación, organización, funcionamiento y control del CNI, e insta a derogar la ley 14/2019, que el gobierno catalán califica de “decretazo digital” y que permite al gobierno intervenir comunicaciones electrónicas sin autorización judicial si se considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.

Y mientras tanto, Sánchez intenta dar lecciones de higiene democrática instando a aislar a Vox y afeando al PP que pacte con ellos, pero los herederos de ETA y los promotores de un golpe de Estado entran en la comisión en la que se trata de los enemigos de la España constitucional.