En la tarde del 9 de julio se celebró el encuentro previsto entre el Gobierno y los representantes de los hoteleros españoles que participan en el programa de Turismo Social. La ministra Reyes Maroto junto a Juan Molas presidente de CEHAT acompañado de Valentín Ugalde, vocal asesor de presidencia (CEHAT), Nuria Montes (Benidorm y Comunidad Valenciana) y Antonio Aranda (Costa del Sol) mantuvieron una reunión de más de dos horas de duración en la que el programa IMSERSO fue sido el tema central. A la reunión también asistió el subsecretario del Ministerio así como algunos asesores y miembros del gabinete de la ministra.
Los empresarios recordaron a la ministra Reyes Maroto que los establecimientos hoteleros son el principal componente de este programa y que por este motivo les debe corresponder, dentro de sus competencias, la defensa de los intereses de las empresas turísticas en el Consejo de Ministros, y ante otros organismos como es el IMSERSO.
Juan Molas recordó que todo el trabajo que se ha realizado durante los últimos años por CEHAT ha sido ninguneado por los responsables que dirigen el IMSERSO tras el cambio de gobierno el pasado verano y que se encargaron de la redacción de los nuevos pliegos. Ninguna actualización, modernización, flexibilidad o innovación de las planteadas desde el sector se ha tenido en cuenta, llegando incluso a eliminar buenas prácticas como era la diferenciación de temporadas (alta/baja) que favorecía con precios más económicos a los pensionistas con menores recursos. Los hoteleros han confirmado a la ministra que están tan seguros de sus planteamientos económicos y sociales que el actual diseño del programa les obliga a trabajar a pérdidas que están valorando el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional tras la inédita resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Respecto al actual proceso de adjudicación que está en marcha, el presidente de CEHAT Juan Molas expresó el descontento del sector en toda la tramitación administrativa: “Es el pliego que más tarde se ha publicado y el que más tarde se va a adjudicar, con un importante riesgo de un nuevo retraso si entran en juego los recursos de los que no resulten adjudicatarios”. “Si algún licitador recurriera, podríamos encontrarnos que el programa no entre en vigor hasta enero de 2020, lo que sería catastrófico en lo económico, en lo social y en la imagen de solvencia administrativa”.