Las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra las distintas direcciones de ETA tienen muy preocupados a sus sucesores políticos. La razón es el criterio restrictivo que ha venido aplicando el Tribunal Supremo a la hora de condenar a jefes terroristas por el mero hecho de serlo, sin que a ello se añada una conexión concreta con el atentado que se juzgue. Sin embargo, una de las últimas causas de este tipo que se han reactivado, la referida al asesinado Miguel Ángel Blanco, cuenta con una circunstancia que encaja en esos contados casos en que sí se condenó a un dirigente por su control sobre la organización. En este asesinato, la victima permaneció secuestrada dos días en manos de la banda, y los responsables de ETA tuvieron la posibilidad de no asesinarlo. Es una situación similar a la condena del jefe de los GRAPO, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, por el secuestro del empresario Publio Cordón. El Tribunal Supremo consideró que el tiempo que pasó retenido implicaba que su destino estaba en manos de sus máximos responsables.