Hay detalles que cuando se conocen pues asustan. Como lo que habrá que pagar a la empresa concesionaria de la ya ex autopista de peaje AP-7 por una decisión de la socialista Magdalena Álvarez. Al haber vencido la concesión es el momento que fijó el Tribunal Supremo en su sentencia de junio de 2019 cuando la colisión judicial entre el Gobierno y el grupo Abertis sobre la compensación que deberá pagar el Estado por el convenio que firmó en 2006 la ministra de Fomento. Álvarez firmó hace 15 años el convenio con el entonces presidente de Abertis, Salvador Alemany, que estableció: “El Saldo de Compensación de Liquidación a abonar por la Administración General del Estado al vencimiento de concesión será la diferencia resultante entre los valores finales de los flujos de caja libres de explotación de referencia y reales correspondientes al período 2006-2021. Para su cálculo se considerará la tasa de capitalización anual, establecida de común acuerdo entre el Ministerio de Fomento y ACESA, cuantificada en un 6,5%”. Por si fuera poco, en el convenio se estima un incremento anual medio de ingresos de peaje de en torno al 2% entre 2006 y 2021 con crecimiento constante todos los años sin prever caídas por crisis o pandemias. A esto hay que sumar la compensación de unos 1.000 millones a Abertis por haber asumido la inversión de ampliación de la autopista a su paso por Cataluña que pedían a Álvarez los socialistas catalanes. El grupo empresarial es actualmente propiedad del italiano Atlantia y ACS ultiman pasar en unas semanas una factura al Estado en cumplimiento de lo firmado por Álvarez superior a 4.000 millones.