El pasado año Málaga registró el número más bajo en los últimos siete años de empresas en concurso de acreedores y es el tercero en descensos. El peor año fue, sin duda, 2012 con 192 concursos. En 2015 fueron 112 los procesos concursales, lo que representa una caída del 32 por ciento en relación al ejercicio anterior, según datos del INE. Desde que comenzó la crisis, a finales de 2007, han sido más de 1.100 las empresas malagueñas que, dadas sus deudas, se vieron voluntariamente, o a la fuerza, abocadas al concurso.
Que hayan disminuido estos procedimientos mercantiles se debe a la recuperación económica, con un fuerte tirón de la demanda interna y el aumento de las exportaciones, pero la financiación bancaria sigue dejándose esperar para la mayoría de las empresas que la necesitan. El gran problema que se plantea es el del monumental atasco de los dos juzgados de lo Mercantil con que contamos en Málaga y esto significa que muchas empresas optan por no acudir al concurso y directamente cierran sus puertas, otras (más del 90 por ciento) acaban en liquidación. Según el propio Consejo General del Poder Judicial, hasta diez juzgados de lo Mercantil necesita Málaga. Así las cosas, parece obvio que la inseguridad jurídica en los concursos es muy alta y que, además de más juzgados, es precisa una reforma de la propia Ley Concursal, entre otros extremos dejando de considerar como créditos privilegiados las deudas con los organismos públicos, lo que representa un agravio para las empresas privadas que actúan como proveedores; asimismo, el poder de veto de las instituciones a los acuerdos de la junta de acreedores no facilita las cosas de los administradores concursales, aunque es cierto que éstos también deben estar mejor controlados para evitar que algunos se reserven importantes sumas de dinero que dejan las arcas de la empresa casi vacías. Una Ley Concursal más operativa facilitará el tráfico mercantil y sus beneficios alcanzarán a todos, empresas y trabajadores.