Juan A. Ruiz

La Justicia malagueña necesitaría de al menos tres nuevos juzgados de lo Mercantil para acabar con la saturación que padecen estos tribunales.

En un informe entregado al Defensor del Pueblo sobre la situación de los Juzgados de lo Mercantil, por parte el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) se revela que la situación de Málaga es la peor de los tribunales andaluces.

En Málaga existen, actualmente, dos juzgados de lo Mercantil, y cada uno que debería tramitar según las previsiones del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) un máximo de 399 expediente anuales, sin embargo, tramitan alrededor de 700 expedientes, “cifra insuficiente debido a la cantidad de asuntos que entran diariamente en estos juzgados”.

Revelan que en el año 2013, en cada órgano judicial, ingresaron 1.103 asuntos y quedaron pendientes de tramitar, al final de ese año. 3.528 asuntos. En 2014 ingresaron 3.674 asuntos, y al finalizar el año quedaban por tramitar 5.384 asuntos. En 2015, entre enero y febrero ya habían entrado 620 asuntos.

En el informe enviado al Defensor del Pueblo se denuncia “la escasez de material básico como grapadoras y máquinas de quitar grapas ya que por la cantidad descomunal que se utiliza se rompen fácilmente las herramientas, sin olvidar que se ha solicitado a la Secretaría Provincial que se trate el problema de prevención de riesgos en los Mercantiles para que se den nociones básicas de ergonomía para el manejo de cargas, y se revisen las condiciones lumínicas”.

El sindicato denuncia que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “de un tiempo a esta parte, una especie de alineación con la Consejería de Justicia (…) , pues el alto tribunal andaluz ha abandonado el tono en cierto modo reivindicativo de años atrás con respecto a los déficits de gestión para sumarse a la estrategia de echar balones fuera y responsabilizar de la situación al gobierno del Estado sin asumir la propia responsabilidad que compete a la Junta de Andalucía como gestora de los medios humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia”.

No obstante, el STAJ reconoce que “la Junta de Andalucía ha venido realizando importantes esfuerzos en orden a la gestión y modernización de la Administración de justicia, pero últimamente, posiblemente motivada por el entorno de crisis económica que venimos padeciendo desde hace varios años, los responsables de la gestión de los medios perso-nales y materiales o bien niegan la situación, o cuanto menos la minimizan, sin querer reconocer, al menos públicamente, cuáles son los verdaderos problemas y sobre todo cuál es la verdadera solución”.

Esta organización sindical también traslada parte de la culpa a la Administración del Estado por su competencia para la creación de plazas de jueces y secretarios judiciales y a la Junta porque “no sólo hacen falta más jueces, sino también su plantilla funcionarial completa”, que es competencia del Gobierno andaluz.