La batalla entre la patronal de puertos deportivos de Andalucía y la Asociación Pública de Puertos se salda con una victoria pírrica para Marinas Andalucía, que arrastra profundas quejas contra las deficiencias de la gestión pública
Luis Felipe Caracuel
Marinas de Andalucía nació en el año 1982 a modo de asociación para defender los derechos de los puertos deportivos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Casi 30 años más tarde, José Carlos Martín se encuentra a la cabeza de la que es la primera asociación en divulgar los beneficios que tiene la actividad de este tipo de enclaves náuticos, así como las actividades que han venido desarrollando a lo largo de estas tres décadas.
Cooperación para promover innovaciones técnicas, campañas de concienciación medioambiental y difusión de la calidad de los servicios de los puertos son, además, algunas de las competencias de esta organización, competencias que, sin embargo, no siempre cuentan con el apoyo de las instituciones públicas como puede ser la Junta de Andalucía: “Hemos dedicado mucho esfuerzo por la agresiva administración portuaria en Andalucía, y hemos tenido que gastar mucho tiempo y recursos en defendernos”, lamenta José Carlos Martín.
“La Asociación Pública de Puertos de Andalucía (APPA) hunde la flota”, con esta campaña, desde la patronal de puertos deportivos se arremete contra la gestión pública de los puertos, una administración a la que tachan de competencia desleal y acusan de no ser capaz de incentivar o animar la actividad de los puertos deportivos: “La Junta hace a la vez de juez y de competidor, a nosotros nos imponen unas normas que ella misma no cumple”, sentencia el presidente de Marinas Andalucía.
Cabe destacar que en la comunidad autónoma hay puertos que se gestionan directamente por la APPA y otros que, por el contrario, se encuentran bajo concesión.
Sin embargo, son los puertos privados los que cuentan con unas tarifas reguladas: “No tenemos precios libres en nuestros puertos, sin embargo, ellos sí que manejan los cánones que debemos pagar, por lo tanto hacen una función fiscalizadora en nuestra economía”, afirma Jose Carlos Martín, y añade que también se requiere de cierta información sobre cómo desarrollan su actividad al tiempo que ejercen como competidores directos: “Ya hemos planteado esta cuestión a la Comisión Europea, porque en los tratados internacionales de Europa no se quiere que una administración pública interfiera en el mercado de una forma tan directa”.
Sin embargo, a ojos del presidente de la patronal, lo más grave es la financiación que reciben los puertos públicos, a los que les basta con subir el canon a los socios de Marinas de Andalucía para poder costear sus gastos: “Y esta es otra de las batallas que llevamos luchando desde 2004”. Y es que, aunque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto –concretamente a finales del año pasado- y les ha dado la razón a la patronal de puertos deportivos declarando ilegales todos los cánones que se han cobrado durante todos estos años, lo cierto es que las previsiones de que el capital sea devuelto, aún se tornan bastante improbables, “pero eso es otra fase de la batalla”
En cuanto a la posibilidad de que la gestión pública de los puertos sea eficaz, Jose Carlos Martín destaca que hasta hace tan solo dos meses los puertos deportivos públicos han estado sin marinería, es decir, el dinero que vía impuestos se han dedicado al funcionamiento de los puertos no ha servido para que se mantengan en activo: “Ese es un ejemplo de mala gestión. Además de no ser autosuficientes, no son capaces de recaudar lo que gastán”, destaca Jose Carlos Martín: “Y no es porque no se pudiera hacer mejor, sino porque los gestores son incapaces de hacer una buena gestión”.
La crisis económica afecta a los puertos deportivos
“Nuestras cuentas de explotación desde 2007 hasta ahora no han dejado de bajar porque nuestros clientes han estado afectados, como todo el mundo, por la situación económica y la crisis”. Con estas palabras, Jose Carlos Martín lamenta las pérdidas que se han producido en el sector portuario: “Se trata de un tema muy sensible, porque lo primero que abandona una persona con dificultades es el barco, y cuando llega la bonanza económica, somos los últimos en incorporarnos, ya que en la vida del ciudadano hay otras prioridades”.
Por supuesto, esto no afecta únicamente a los puertos, sino que se trata de un sector mucho más amplio en el que se ven involucrados constructores de barcos o el personal encargado de su mantenimiento. De este modo, Martín establece un símil con el sector inmobiliario: “La construcción de edificios no solo afecta al promotor, sino que llega al que hace el aluminio, el vidrio, al que transporta los ladrillos…”, por lo que a todos los efectos, la crisis ha paralizado una cadena de producción entera.
Condiciones para ser socio
Desde Marinas Andalucía destaca que cada concesión tiene un pliego muy exhaustivo de condiciones que tiene que cumplir. “Antes de dar una concesión, se tiene que obligar a cumplir una serie de requisitos de prestación de servicios y mantenerlos durante todo el tiempo de la concesión”, destaca Martín al aludir a todos los elementos en los que se tiene que estar continuamente reinvirtiendo. “El mar es un elemento muy agresivo, se come todo, como las cadenas de hierro, los aluminios… y hay que estar reponiendo y manteniendo todo en perfecto estado”, advierte el presidente de la asociación.
Aunque aparte de eso, hay puertos que tienen la obligación de servir carburante, tener varaderos y talleres, un prerrequisito obligado al que se suman otra serie de condiciones con el fin de garantizar la homologación en calidad y servicio: “La asociación no tiene capacidad coactiva, pero sí recomienda a sus socios en certificación de calidad”. En este sentido, el dirigente de la asociación de puertos afirma que se busca que quien venga a algún puerto de Andalucía vea efectivamente unos servicios homogéneos con un impreso único en todos los puertos, con el que además se le pida la misma documentación al patrón del barco y sepa la simbología de cada uno de los referentes, como los puntos limpios, la hora de dejar baterías, bengalas…
Con tal fin, se reparten una serie de folletos entre los usuarios en los que se expone la normativa común, algo especialmente destacable en materia de medio ambiente, donde se pretende concienciar de aspectos tan básicos como pueden ser el no arrojar nada por la borda o el usar detergente que sea biodegradable.