Cuatro personas que ocuparon ilegalmente un edificio de cuatro plantas recién construido en el centro de Palma de Mallorca y exigieron ocho mil euros al promotor, diciéndole que pagaría “por las buenas o por las malas”, han sido condenados en una novedosa sentencia en la que no solo se consideran probados los delitos de usurpación y extorsión por la ocupación sino que también introduce el delito de integración en grupo criminal, cargo que también apreció la fiscalía. El fallo, que puede ser recurrido, condena a tres años y nueve meses de prisión al cabecilla y a dos años y medio al resto.