Las auditorías a los entes del sector instrumental de la Junta de Andalucía fueron una exigencia de Vox para firmar el primer acuerdo presupuestario con el gobierno andaluz de PP y Cs y así conocer la situación real de la Administración autonómica. Ahora se conocen los resultados de estos chequeos y queda claro que la Junta está sobredimensionada y que la consigna de los socialistas era colocar a los suyos, familiares y amigos. Las auditorías también revelan duplicidades de funciones y mala gestión. El PSOE ha estado casi 37 años en el gobierno andaluz y una parte de los ciudadanos que les ha votado repetidamente es parte de la red clientelar de este partido en la Comunidad.
Ahora, habrá que estudiar las auditorías y sacar las conclusiones pertinentes. PP y Ciudadanos van a pedir en el Parlamento un grupo de trabajo para poner punto final a años de malas prácticas.
Se trata de 54 auditorías con un total de 6.000 folios y solo una de los 54 entes de la Junta superó la correspondiente auditoría, la Agencia Andaluza de la Energía. Esta documentación ya está colgada en el portal de transparencia de la Junta, según adelantó el vicepresidente Juan Marín. Muchas de estas agencias se han convertido en “chiringuitos socialistas”, como popularmente se les conoce. De fondo, hay rumores en Andalucía sobre elecciones anticipadas, lo que se correspondería a los deseos de PP y de Vox, quedándose Ciudadanos con una representación parlamentaria mínima.
Por otra parte, hay 22 letrados de la Junta dedicados exclusivamente a defender en los tribunales el esclarecimiento de los asuntos de corrupción de los gobiernos anteriores, lo que da idea de la magnitud de la trama de los gobiernos que precedieron al de Juanma Moreno.
Los ERES fueron el gran iceberg de la corrupción en la Comunidad pero las nuevas revelaciones añaden nuevos casos de posibles corrupciones. Ahora hay que ver si de las auditorías se derivan consecuencias administrativas, penales o de otro tipo.
El Gobierno andaluz debe estudiar a quién poner en la calle, qué entidades se integrarán en consejerías y si hay que disolver algún ente. Las auditorías han sido realizadas por seis empresas y han descubierto 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales y diferencias de hasta 30.000 euros en puestos de trabajo que realizaba la misma función, asimismo la existencia de sobresueldos mediante complementos según la afinidad y salarios por encima de los de mercado.
El Servicio Andaluz de Empleo se convirtió en un refugio laboral. El 70% de los demandantes de empleo en Andalucía no recibió ninguna oferta en 2018 y el SAE solo gestionó 12 de cada 1.000 contrataciones.
La ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, modificada por la ley 4/2012 de 21 de septiembre en algunos aspectos de la organización territorial, es el origen de la trama burocrática socialista ahora al descubierto. En la primera norma se recoge lo siguiente:
- Tienen la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, a los efectos de esta Ley, las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley.
- Cuando se creen entidades instrumentales que supongan duplicación de la organización administrativa o de otras entidades ya existentes, habrán de suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de éstas.